Tras un trabajo de cerca de cinco años, hoy se entregará al presidente de la República, Rafael Correa, el proyecto de creación de la Corte Penal, en el encuentro de Fiscales y Procuradores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre delincuencia organizada transnacional, que concluye hoy en Quito.

Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, dijo que si las organizaciones criminales operan transnacionalmente, se debería tener una estrategia similar para enfrentar esos delitos. “El delito que más preocupa es la trata de personas, bandas criminales que secuestran a mujeres y hombres para prostituir y venderlos en los mercados de la región”.

Corte juzgará graves delitos

La trata de personas, soborno, lavado de activos, tráfico ilegal de migrantes, narcotráfico, tráfico de bienes culturales, tráfico de armas, ciberdelitos, falsificación de medicamentos y los delitos conexos de cada tipo penal serán enfrentados en la Corte.

La propuesta ecuatoriana es que el organismo esté conformado por 12 magistrados (hombres y mujeres) de los Estados parte. Serán electos por el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, selección que se realizará de una lista de candidatos propuesta por los países miembros del organismo.

Cada Estado podrá presentar tres candidatos y un comité de elecciones de Unasur verificará los requisitos. Los órganos de la Corte serán cuatro: presidencia, secretaría general y Fiscalía regional.

La jurisdicción de la Corte Penal será complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. El estatuto propone que la pena máxima que se impondrá desde la Corte es de 30 años y se garantiza la persecución penal eficaz de los delitos.

No se reconocerá la inmunidad de personas que tengan o hayan tenido cargos relevantes en el ámbito político, estatal o militar, financiero industrial o económico en los Estados que conforman la Corte.

Néstor Martínez, fiscal de Colombia, explicó que en los dos últimos años en su país se incautaron $ 14 millones y se desarticularon más de 92 organizaciones delictivas.

El embajador Lautaro Pozo, ministro (e) de Relaciones Exteriores, indicó que “Unasur debe combatir los delitos que afectan a la región, por eso, hay que aprobar el estatuto de este organismo regional”. (I)