Disputas familiares por un terreno, demandas por falta de pago de un arriendo, rencillas entre vecinos por ruido o escándalos, reclamos por daños de los animales de campo, entre otros, son comunes y abundantes.

Si bien a este tipo de problemas se los cataloga como domésticos, llegar a una solución no siempre es sencillo; no solo porque las personas involucradas no cuentan con recursos económicos para pagar un abogado, sino porque no tienen a la mano puntos cercanos de atención legal.

Esta situación es muy común en sitios alejados de las grandes ciudades. Sus habitantes no siempre se animan a resolver los conflictos porque les representa tiempo y dinero llegar hasta las dependencias judiciales.

Para resolver este inconveniente, el Consejo de la Judicatura (CJ) implementó en 2014 la Justicia de Paz. Es una instancia judicial para dar acceso a los ciudadanos que habitan en áreas rurales y urbano-marginales del país.

Con el paso del tiempo, se ha incrementado el número de jueces de paz. En la actualidad hay 412, de los cuales 164 son mujeres y 248 son hombres, detalló Sebastián Benítez, subdirector nacional de Centros de Mediación de Justicia de Paz del CJ.

¿Qué funciones cumple un juez de paz?

El artículo 187 de la Constitución detalla que ellos tienen competencia  obligatoria para resolver conflictos individuales y comunitarios dentro de sus suscripciones rurales, urbano-marginales y recintos alejados de unidades judiciales.

Según el CJ, la provincia con mayor número de funcionarios está en Manabí, con 66 titulares; también está Azuay (29); Imbabura (23) y Pichincha (24) (ver gráfico).

Benítez explicó que Manabí tiene mayor número de jueces por dos particularidades. Si bien esa provincia no es la más poblada, sí es una de las más extensas en donde existe mayor territorio rural.

Según el técnico, lo que determina el servicio es el acceso al nivel de conflictividad, pero también a las unidades judiciales e influyen las distancias.

“Nosotros tuvimos un índice para detectar cuáles eran la parroquias que requerían mayor acceso a la justicia de paz, y se determinó que era Manabí”.  

Un juicio ordinario le cuesta al CJ alrededor de $ 675. Un juicio de paz no le cuesta más de $ 70, porque no gasta en la remuneración de los jueces de paz, tampoco en implementos o en oficinas, ya que la mayoría son entregados y facilitados por los gobiernos parroquiales.

Con ese antecedente, el subdirector estimó que entre 2014 (cuando se eligieron los primeros 20 jueces de paz) hasta 2019 se atendieron 6.000 casos, que multiplicados por $ 70 hablan que al Estado ecuatoriano le costó
$ 420.000 y se ahorró $ 3’630.000 con el sistema nacional de justicia de paz.

Una labor por vocación

Los funcionarios son electos por períodos de dos años, a través de asambleas de la parroquia.

Los habitantes eligen a la persona que goce de confianza de la comunidad.

Para ello no necesitan tener conocimientos en normas legales, sino la voluntad de cumplir esas labores. Además, reciben capacitación sobre códigos, mediación, etc.

Cumplir este rol no es tarea sencilla, no solo por el número de casos que pueden llegar a cada juez, sino porque –además– no tienen salario, ya que realizan un voluntariado social, pero se establece un sistema de incentivos que lo determina el CJ, que se basa en acompañamientos, seguimiento a su gestión y capacitación.

Wilson Moya es juez de paz en la parroquia de Pomasqui (Pichincha) desde 2017. Es el segundo período que cumple esta función.  

Moya advirtió que la labor que realiza es muy fuerte, pero a pesar de que no reciba un salario, reconoció que es un trabajo muy enriquecedor.

A sus 65 años, Moya es abogado jubilado. El tiempo que tiene libre le sirve para cumplir con la ciudadanía.

“Los seres humanos tenemos la obligación de compartir con la comunidad. Hay personas que necesitan resolver inconvenientes”.

La misma motivación tiene Ludy Celán, jueza de paz del cantón Olmedo, comunidad La Clemencia (Manabí). En octubre de 2019 fue reelecta por su gente.   

Ludy comentó que los jueces de paz no siempre tienen todos los recursos que requieren, como materiales de oficina o espacios físicos para despachar las causas.

Aseguró que desde el Gobierno Autónomo Descentralizado ha habido retrasos en la entrega del material necesario para cumplir con sus funciones.

Eso –dijo– les ha obligado a poner de su dinero para despachar los trámites (copias, llamadas telefónicas, movilización, etc.).

Aún así, reconoció que no se desanima porque la labor que cumple “es alentadora y ante todo es muy enriquecedora”. (I)