La Corte Nacional de Justicia (CNJ) reaccionó ayer a los problemas que atraviesa la Función Judicial. En un manifiesto público llamó al Consejo de la Judicatura (CJ) “a ejercer sus competencias en el marco de la Constitución y la Ley, respetando el sistema de justicia, los derechos de los jueces, así como de los ciudadanos”.

La presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre, leyó el documento arropada por los magistrados y conjuezas nacionales, así como de jueces de las cortes provinciales de primer nivel y representantes de la Asociación Ecuatoriana de Jueces. Rodeada de sus compañeros defendió la legitimidad de los administradores de justicia.

Aguirre reaccionó a las declaraciones formuladas la semana pasada por el presidente del CJ, Marcelo Merlo, quien advirtió que la elección de los miembros del CJ definitivo podría presentar problemas de legitimidad, debido a que los jueces están bajo evaluación.

“Yo simplemente hago una reflexión o una teorización: supongamos que al hacerse la evaluación de la Corte Nacional, vamos a un extremo, más de la mitad son cesados, la terna provendría de una Corte que está a su vez en un momento de evaluación”, recalcó Merlo.

El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aceleró la designación de la Judicatura definitiva ante las divisiones internas que sufre la entidad.

Aguirre recordó que la evaluación, cuyos parámetros aún no se han aprobado, tiene como objetivo mejorar el servicio judicial, determinar si los jueces han despachado las causas y si se han desempeñado con ética.

Sin embargo, al no conocer aún sus resultados, “no puede anticipar criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno”, manifestó.

Para la titular de la CNJ, la evaluación a los jueces está prevista en la Constitución y en la ley y tiene que ser periódica y continua para mejorar el servicio judicial.

Y recordó que la misma norma señala que el evaluado tiene 60 días para mejorar ese servicio; “no es  objeto de las evaluaciones cesar en sus cargos a los jueces”.

La magistrada insistió en una evaluación con parámetros claros: “Que se revisen las sentencias que hemos sorteado, estamos dispuestos a hacerlo, ahí están nuestras cuentas privadas, personales... Que se investigue”.

Aclaró que los jueces de la Corte Nacional tienen un período determinado de funciones, y los períodos se cumplen, excepto cuando hay denuncias de corrupción.

Aguirre rechazó que este proceso lo lleven adelante comisiones. “Que no se pretenda someter al juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de administración de justicia del país, poniendo en duda su legitimidad y ejecución, y en riesgo la seguridad jurídica”.

Señaló que las sentencias, como lo resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Quintana Coello vs Ecuador, Camba Campos vs Ecuador, entre otros, solo pueden ser revisados por un órgano jurisdiccional superior, sin que corresponda hacerlo al órgano administrativo evaluador.

Considera que de hacerlo, se afectaría la independencia de los juzgadores, “que solo es posible cuando tienen estabilidad en su carrera judicial y en los períodos para los que fueron designados y que únicamente puede romperse por falta de ética o negligencia absoluta”.

La presidenta afirmó que la Corte sí remitirá la terna para elegir al nuevo y definitivo CJ cuando se le solicite, dentro del proceso de selección que hará el Consejo de Participación Ciudadana.

La vocal del CJ, Angélica Porras, informó que el proceso de evaluación se sustenta en cuatro parámetros: legitimidad del origen del cargo, análisis del desempeño; transparencia financiera; e impugnación ciudadana ante denuncias. (I)   

Los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial a la opinión pública. https://t.co/lmNyyyGova pic.twitter.com/XWIZX50wOl

— Corte Nacional (@CorteNacional) September 17, 2018