Patricia E. pide justicia. En noviembre del año pasado, un tribunal de la sala penal de la Corte Provincial de Tungurahua dejó en libertad al presunto violador de su hija, de 15 años. En la resolución, los magistrados argumentaron la prescripción de la causa y vulneración de los derechos del agresor de su hija, “cuando se determinó claramente que él la violó”, dice la mujer.

A su criterio, en el caso jamás se hizo prevalecer el bien superior contra un menor de edad, así como los tratados internacionales.
Ramiro M., de 24 años, era el profesor de historia de su hija y la vulneración se realizó en un plantel educativo de Ambato en 2012. Estuvo tres meses en prisión antes de la emisión de la sentencia.

Según la madre, las secuelas para la menor de edad le acompañarán de por vida. Teme al saber que quien le agredió está libre.

Ella presentó la denuncia, amparada en el Código Penal anterior, por el delito de estupro, cuya pena iba de 1 a 3 años.

La mujer dio a conocer el caso en la comisión Aampetra de la Asamblea y presentó la denuncia en el Consejo de la Judicatura (CJ) de Transición en contra de Juan Carlos Bayas, “quien se demoró 10 meses en emitir la boleta”. Además de los jueces César Granizo, Iván Garzón y José López, quienes declararon la prescripción de la causa penal.

El CJ analiza un sumario administrativo en contra de esos jueces de Ambato.

Solanda Goyes, directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, detalló que el expediente está listo y remitirán en esta semana al pleno para una resolución final en contra de esos magistrados.

También, la madre de la víctima interpuso una demanda en la Corte Constitucional, para la revisión de la resolución de los jueces de primera y segunda instancia.

Marcelo Merlo, presidente del CJ, reiteró que las causas por estos delitos no prescriben, “en cualquier tiempo y no desde el 4 de febrero que se aprobó en la consulta”. Recalcó que se analizarán las actuaciones de los funcionarios. (I)