La injerencia en la justicia, que dejó a cientos de funcionarios judiciales sancionados, se originó con la Consulta Popular de 2011, en el gobierno de Rafael Correa, asegura el abogado Hernán Ulloa.

Considera que los judiciales fueron víctimas de la metida de mano en la justicia, a través del abuso de las figuras del error inexcusable y manifiesta negligencia. “El Gobierno lo publicitó como una reestructuración de la justicia, pero realmente fue la apropiación por el poder político para silenciar actos de corrupción”.

Para Ulloa, es inaudito que, pese a las pruebas de la injerencia, como correos electrónicos, mensajes de texto y los testimonios, no haya sancionados.“Hasta la fecha no se ha hecho nada contra Gustavo Jalkh (en ese entonces presidente del Consejo de la Judicatura), de los vocales, ni de los que ejecutaban las órdenes de amedrentar a los jueces.

El abogado tiene las identidades y mencionó que uno de estos era investigado, además, por lavado de activos. “Alguien manejaba la parte económica por estos beneficios. Hicieron tantos favores, se hizo común que ingresen a los despachos de los jueces a presionar por cualquier caso de interés de algún personaje público. No hay sanción porque aún están los tentáculos del pasado”.

El abogado mencionó que, por eso, muchos de los perjudicados (la mayoría) no han sido restituidos. Ahora se espera un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional, que ha solicitado la acumulación de las acciones de protección por este caso.

En 2018, 882 exservidores judiciales denunciaron estos casos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). Al final se validaron 565 quejas desde 2009 hasta 2018.

Para Ulloa, el Código Orgánico de la Función Judicial es claro respecto a las sanciones (que fueron mal aplicadas), pero es necesario reformar y que se pongan candados para evitar las injerencias.

Preso durante cinco meses

El exjuez laboral Augusto Posligua Galarza no solo fue destituido, sino que estuvo preso cinco meses y 10 días en la Penitenciaría de Guayaquil. Él fue sentenciado por prevaricato después de que una de sus resoluciones fuera criticada por el presidente Rafael Correa, en uno de los enlaces sabatinos.

El 17 de agosto de 2012 la Compañía Exportadora Bananera Noboa presentó una acción de protección constitucional de medidas cautelares en contra del Servicio de Rentas Internas (SRI), representado en ese entonces por Carlos Marx Carrasco.

Las medidas fueron concedidas de manera parcial y se impidió el cobro de una deuda tributaria de 2005, que con intereses suma $ 98 millones.

Ahí se inició el juicio penal por prevaricato contra Posligua, pese a que no se aplica en el contexto de la justicia constitucional. “Carlos Marx se presentó en mi despacho y me pidió que revocara la resolución. Yo le dije que me presente un fundamento jurídico legal, pero me dijo que mi familia iba a sufrir las consecuencias”.

Este miércoles 8 de julio de 2020, el exjuez presentó el recurso extraordinario vertical de revisión. “Yo quiero que se limpie mi nombre. No he presentado acción de protección para regresar a la Corte, pero si me restituyen, quisiera que haya libertad para decidir en derecho”.

Le abrieron 29 sumarios

Leonidas Lema fue fiscal más de seis años. Él estuvo en la unidad que investigaba casos de narcotráfico y fue suspendido en 2014. Él prefirió no hablar de si le pidieron favores especiales o tuvo presiones, pues manifestó que era un tema muy delicado y no quiso dar detalles.

Lo que sí precisó es que fue destituido, coincidentemente, poco después de que el ministro del Interior de esa época, José Serrano, cuestionara su actuar como fiscal, durante una entrevista radial. “Dijo que yo no actuaba acorde a los intereses de la Policía. Yo solo podía acusar a quienes eran responsables según las pruebas”.

En contra de Leonidas Lema se abrieron 29 sumarios, en 26 lo absolvieron y en los otros tres lo declararon culpable. Explicó que todos eran por audiencias fallidas, pero que él tenía los respaldos debido a que no podía estar en dos audiencias al mismo tiempo, pues debía viajar a otras provincias donde no había fiscalía de antinarcóticos.

Lema indicó que, pese a que en 2018 presentó una acción de protección, no ha sido restituido. “Lo importante es que esto no se repita. La justicia debe ser libre e independiente, pero no solo en teoría”.

Tres injustas destituciones

María Elena Cevallos, exjueza de Violencia contra la Mujer y la Familia en la Unidad Judicial N° 1, también fue destituida por el Consejo de la Judicatura (CJ).

En junio de 2013 ingresó a la Función Judicial por concurso de méritos con el que ganó el puesto de jueza. Y fue despedida en mayo de 2017. Lo curioso de su caso es que ella fue removida dos veces más, a pesar de que ya había dejado el puesto.

La primera destitución (3 de mayo) fue por manifiesta negligencia, poco después de dar una sentencia en contra de un abogado que apeló su dictamen.

En noviembre de 2017, cuando ella estuvo fuera del cargo, le notificaron una segunda destitución tras la queja de una ciudadana que no estuvo de acuerdo con un dictamen que protegió a una niña de 6 años.

La tercera destitución (mayo de 2018), emitida por el pleno del CJ, fue porque dejó en libertad a un hombre acusado de violencia, ya que la víctima y su abogado no se presentaron a la audiencia.

Cevallos apeló las destituciones. En los dos primeros casos, hay sentencia favorable y el tercero fue al archivo. “Llegué al puesto con el mejor puntaje. Quiero que haya justicia”. 

La fiscal no quiso mentir

María Zoila Cabascango fue fiscal de la Unidad de Asuntos Indígenas en Cayambe. Sus funciones las cumplió entre agosto de 2012 y mayo de 2015 cuando fue destituida. Ella también fue removida del cargo por error inexcusable. El problema se inició en 2014, cuando ingresó un caso por delito sexual contra una menor de edad en el sector de Ayora.

El caso primero pasó a manos de un compañero fiscal, pero fue removido del cargo por error inexcusable. Luego pasó a manos de otro agente, quien se abstuvo de acusar al presunto agresor. De esta forma, el caso se elevó a consulta en la Fiscalía Distrital, la cual encontró elementos para procesar al agresor. Fue así que se delegó a la fiscal Cabascango.

La agente revisó el caso y coincidió con que no encontró elementos para señalar al procesado por violación sino por presunto abuso sexual. La exfiscal contó que hubo un informe en el que el fiscal provincial presumió la existencia de un delito de violación, por lo que le ordenaron que vaya a la audiencia y señale la culpabilidad. “Yo vengo de una comunidad indígena. Mi principio es decir la verdad”, dijo Cabascango. (I)