El debate político sobre las drogas en América Latina da pasos notorios. A esta conclusión llega el Transnational Institute (TNI), a través de su programa Drogas y Democracia, en su último estudio sobre los cambios legislativos que se introducen en varios de los países de la región.

El informe destaca que Ecuador comenzó un proceso político para la reforma de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108). Un ejemplo de la reconsideración de los efectos de esa norma sobre la sociedad fue la   amnistía que otorgó la Asamblea Nacional en 2005 a las “mulas de drogas”.

La medida permitió aliviar el hacinamiento carcelario, ya que por el indulto unas 1.500 personas  recobraron la libertad bajo una serie de condiciones estrictas.

El amparo concedido a las “mulas” ha tenido resultados positivos, pues menos del 1% ha vuelto a caer en este tipo de delitos, señala del informe. “El problema es que después del perdón las cárceles se han llenado de nuevo porque la ley sigue en vigor”, narra el escrito. 

Pien Metaal, quien participó en la elaboración del informe, indicó que es necesario cambiar la ley por la situación carcelaria, la desproporción en las penas y por la inefectividad del sistema judicial de acabar con el mal que causa el narcotráfico en Ecuador.

La especialista se refirió a que la justicia dedica su tiempo en perseguir a los actores más visibles y no a los grandes narcotraficantes.

Dijo que Ecuador podría ser un ejemplo para la región, con una reforma innovadora y progresista, consciente de su rol en el mercado. “Podría buscar aliados en la vecina Colombia para llegar a propuestas políticas distintas, que pretendan acabar con las mafias y la doble moralidad”, acotó. No obstante, dijo que  el nuevo Código Orgánico Integral Penal parece ser un gran avance para el país.

El nuevo código, que está actualmente en proceso de negociación, en la Asamblea Nacional, plantea una reforma integral a la legislación penal y su implementación, incluyendo la ley de drogas y sus sentencias.

La sección titulada “Delitos por la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización” consta de 13 artículos y prevé la despenalización de los consumidores estableciendo umbrales para las sustancias controladas. También crea la categoría de microtráfico, anteriormente inexistente, y crea un artículo especial para los couriers, con penas reducidas.

La reforma en general tiende a enmendar el carácter desproporcionado de las penas y a hacer hincapié en la efectividad de políticas menos represivas. “En estos cambios el Gobierno tiene que respetar el principio conservado en la nueva Constitución de 2008 que dice que el problema del consumo de drogas es un problema de salud pública y, en referencia a los usuarios, “en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulneran sus derechos constitucionales”, narra el escrito.

Otro frente que no se debe dejar a un lado -según autoridades consultadas- es el control. Juan Carlos Barragán, director nacional de Antinarcóticos, indicó que el buen accionar de las unidades ha detenido una tendencia persistente del narcotráfico de querer convertir al país en un procesador de cocaína, no así como ruta de tránsito.

Dijo que la producción de alcaloides y cultivo de hoja de coca es incipiente, si se toma en cuenta que el país está ubicado entre dos grandes productores de clorhidrato de cocaína, como son Colombia y Perú, además, de que nos encontramos en una zona estratégica del Pacífico que conduce más rápida y directamente al primer proveedor de coca de los Estados Unidos, México.

Las estadísticas de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía indican que se ha incrementado la actividad narcodelictiva, puesto que desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año pasado se decomisaron 11,3 toneladas de droga, mientras en lo que va de este año superan las 17 toneladas.

Sumado a esto, el hallazgo de dos semisumergibles en el Golfo de Guayaquil, y dos avionetas (una accidentada) vinculadas con el transporte de alcaloide y divisas, así como de tres laboratorios de procesamiento de coca.

El último fue descubierto, el pasado 25 de junio, tras el allanamiento a dos viviendas en la urbanización Lagunas de Daule, en el km 25,5 de la vía a Daule, en las que los agentes decomisaron 945.580 gramos de cocaína y 5.150 gramos de heroína, evidencian que Ecuador es un importante país de tránsito de alcaloide para ser enviado al exterior desde los diferentes puertos y aeropuertos, y de precursores químicos necesarios para procesar distintas drogas.

Ricardo Loor, director del Área de Prevención del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), indicó que generalmente, los narcotraficantes emplean como base para sus operaciones lugares geográficos estratégicamente ubicados en zonas de difícil acceso, de poca identificación, aprovechándose de sistemas de camuflaje natural, como la vegetación, lo que dificultaba las operaciones policiales.

Sin embargo, señaló que la presencia de estos laboratorios bien dotados, dentro del perímetro urbano, demuestra   que los narcotraficantes han abarcado más territorio e involucrado a más personas. Recordó que en diciembre de 2009, otro laboratorio clandestino fue hallado en la Cooperativa 24 de Octubre (Guayaquil).