Dentro de las investigaciones para determinar responsabilidades penales en torno a la muerte de Arturo Jarrín, exdirigente del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), ocurrida en octubre de 1986, uno de los testigos protegidos confirmó el miércoles -durante el testimonio anticipado- que Jarrín llegó con vida desde Panamá y fue trasladado a la Base de la Fuerza Aérea de Quito. Allí fue recibido por el entonces ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza; su asesor, Gustavo Lemus, involucrado por la Comisión de la Verdad en supuestas violaciones a derechos humanos; el jefe de la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales), Édgar V., y otros agentes, reveló el testigo.

Luego, una caravana de tres vehículos trasladó a Jarrín hasta ‘La Remonta’, en donde funcionaban las caballerizas de la Policía Nacional, en el sector de Tambillo. Jarrín había sido detenido en Panamá por agentes de inteligencia de ese país, con órdenes del entonces presidente panameño Manuel Antonio Noriega, y entregado a miembros de la Policía ecuatoriana.

El testigo protegido reveló que Eduardo Z., entonces agente de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) y responsable de traer a Arturo Jarrín desde Panamá, amenazó con un arma de dotación al piloto de la aeroambulancia porque este se habría negado a conducirlos a Ecuador, al considerar que se trasladaba a una persona secuestrada.

Dos testigos protegidos rindieron, el miércoles 15 de junio, su testimonio anticipado en este caso. La diligencia se realizó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante el fiscal general Galo Chiriboga y la jueza nacional Sylvia Sánchez.

Los ‘agentes de investigación’ en el gobierno de Febres-Cordero eran entrenados en el batallón de inteligencia militar que funcionó en el cuartel Epiclachima. Foto: John Guevara / El Telégrafo

Ejecución extrajudicial

Galo Chiriboga informó que los testimonios anticipados aportaron información importante sobre lo ocurrido en la muerte de Arturo Jarrín. “Estos testimonios se receptaron por anticipado para evitar exponer a los testigos a la audiencia del caso”, aclaró.

La Fiscalía considera que el exdirigente de AVC no falleció por un enfrentamiento con la Policía, sino que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente. A finales de septiembre de 1986, Jarrín se encontraba en la clandestinidad, pero tenía previsto viajar a Europa. Su traslado lo inició a través de Colombia, luego iría a Panamá, Holanda y Serbia.

El 22 de septiembre, registró su salida en las oficinas de Migración de la Policía en Rumichaca, pero por seguridad no cruzó ese día la frontera, sino que regresó a Quito para ultimar detalles del viaje, el cual finalmente empezó el 27 de septiembre de 1986. El 7 de octubre arribó a Panamá, donde permaneció hasta el 24 del mes. Ese día, cuando realizaba llamadas telefónicas internacionales, fue detenido por un militar por orden del entonces presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, a pedido del presidente de Ecuador, León Febres-Cordero.

Al llegar a Quito, Jarrín fue llevado a ‘La Remonta’, en Tambillo. Allí fue torturado, según reveló la autopsia.  

La Fiscalía señala que Arturo Jarrín fue ejecutado extrajudicialmente en el sector de Carcelén, al norte de la capital, el 26 de octubre de 1986. Por este suceso 13 personas son procesadas. Se les acusa de detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, en el contexto de un crimen de lesa humanidad.

La jueza nacional, Sylvia Sánchez, dictó prisión preventiva contra 3 personas, dispuso que las otras 10  se presenten una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia y prohibió su salida del país.

Torturas y desapariciones forzadas

Sobre el caso Jarrín, el Gobierno de León Febres-Cordero difundió  información totalmente diferente a la que revelan las investigaciones. Entonces dijo que hubo un enfrentamiento armado entre agentes policiales que patrullaban el sector de Carcelén y Arturo Jarrín, quien se encontraba con otras dos personas.

La versión de la Policía fue que, supuestamente, los uniformados les habían solicitado que se detuvieran, pero habrían respondido con disparos de arma de fuego. Entonces, los policías, en su defensa, también habían disparado y en el cruce de fuego falleció Jarrín.

La Fiscalía destaca que entre 1984 y 1988, el Gobierno planificó y ejecutó ataques sistemáticos y generalizados contra la población.

Durante ese período, las unidades especiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional perpetraron detenciones ilegales, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, indica.

Esa información consta en los archivos de la década del 80 desclasificados por mandato del presidente Rafael Correa, y en la documentación recaudada por la Fiscalía  del Estado en 2013 y 2015.   

El informe señala que en ese contexto, en 1984, la Policía Nacional creó una estructura clandestina al interior del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), conocida como SIC-10.  

El testigo que compareció el miércoles indicó que él fue parte de un grupo antisubversivo creado en la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno de la época. Después, junto con miembros del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), integraron el conocido SIC-10, que más tarde se denominó Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

Los exagentes de la UIES recibieron entrenamiento en el Batallón de Inteligencia Militar, que funcionaba en el cuartel Epiclachima (sur de Quito), con el auspicio de la Embajada de EE.UU., dijo el testigo.

El informe de la Comisión de la Verdad señala que Gustavo Lemus está involucrado en casos de tortura, detención ilegal, asesinato y desapariciones ocurridas durante el gobierno de León Febres-Cordero. Una de ellas es la desaparición de los hermanos Restrepo. (I)

(De izq. a der.) Andrés Páez, Carlos Vera, Emilio Palacio y Gustavo Lemus, asesor del exministro de Gobierno, Luis Robles, en el gobierno de Febres-Cordero. Foto: Cortesía