Walter Arizala, alias “Guacho”, accedió a teléfonos de dos oficiales de la Policía. No tuvo inconvenientes en conseguir los números de un coronel y también de un oficial, con el rango de mayor, acantonados en San Lorenzo.

El mayor fue el primero en recibir los chats y llamadas del cabecilla del Frente Oliver Sinisterra. En noviembre de 2017 el uniformado participó en un operativo para detener a miembros de la narcoguerrilla.

Recordó ante la Fiscalía que un capitán de la Marina le pidió apoyo para participar en un operativo en la comunidad Palma Real, una isla en el río Mataje, usada por los miembros del frente.

El marino le dijo que iba a detener a hombres de seguridad de “Guacho”. En ese momento el nombre del cabecilla de la narcoguerrilla era desconocido para él, pero no para unidades de Inteligencia militar y policial que le seguían su rastro por atentados en Colombia, tráfico de armas, droga y precursores químicos. Finalmente, el operativo fracasó.

Pasaron dos meses hasta que el 12 de enero, el oficial de la Fuerza Naval llegó a las instalaciones del Comando Policial de San Lorenzo con tres detenidos y su pedido era que sean llevados rápidamente a Esmeraldas. Eran hombres de “Guacho” y entre ellos estaba Patrocinio C., conocido como “Cuco”.

Según la Fiscalía, él protagonizaba los hechos de violencia y proveía de logística al Frente Oliver Sinisterra en la parroquia de Mataje.

Esa captura marcó el futuro del mayor. Al siguiente día, el 13 de enero, le llegó un mensaje vía WhatsApp: “el tigre exige la liberación inmediata de sus hombres”, decía la amenaza.

Los chats siguieron hasta que el 25 de febrero cuando recibió la llamada de “Guacho”. Esta conversación quedó grabada y es parte del expediente fiscal que investiga los atentados, secuestros y asesinatos de la narcoguerrilla.

El cabecilla del Frente Oliver Sinisterra manda una amenaza directa con colocar bombas en Esmeraldas, Quito, Guayaquil y Latacunga, esta última donde estaban presos sus cómplices.

Desde entonces se usó la palabra negociación para apaciguar y ganar tiempo.  Pero la estrategia no funcionó y “Guacho” desencadenó la espiral de violencia que dejó nueve muertos.

El mayor aseguró que alertó a sus superiores. Incluso al coronel que luego conversó también con “Guacho”.  Eso lo ratificó en dos ocasiones en la Fiscalía y en la Comisión de Seguridad Fronteriza de la Asamblea.

Él cree que “Guacho” consiguió su número telefónico porque cumplió la orden de colocar un cartel en todas las Unidades de Policías Comunitarias de San Lorenzo con los teléfonos de los oficiales que dirigían el Comando.

Para el experto en seguridad, Ricardo Camacho, todos los contactos de “Guacho” con policías de Esmeraldas deben ser investigados. Considera que es fundamental conocer las razones que motivaron a usar esa estrategia de contacto con ese grupo.

Para él debe quedar claro si el Mando Policial y el Ministro del Interior de ese entonces conocían de esas conversaciones y qué se pretendía conseguir.

Reacción de las víctimas

Por la misma línea va Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo de diario El Comercio, Paúl Rivas, una de las víctimas del Frente Oliver Sinisterra. Ella asegura que aún hay preguntas que se deben aclarar en la investigación.

Una de ellas es ¿si existía un Mando Unificado, la Policía informó de estas llamadas y mensajes a las Fuerzas Armadas que estaban dirigiendo las operaciones?

Otra interrogante es si había amenazas de secuestros y bombas por qué se abrió el puesto de control en Mataje y se dejó pasar a tres civiles, como lo eran los periodistas de diario El Comercio.

Los allegados del grupo de comunicadores esperan que las respuestas las consiga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hará una investigación prolija en el territorio nacional.

Estaba previsto que la delegación venga en esta semana, pero se retrasó. Ahora se aspira a que llegue a fines del mes de julio. La CIDH trabajará hasta noviembre próximo, cuando dará su informe sobre el crimen de los periodistas. (I)