El ministro del Interior, José Serrano, anunció la eliminación de visas para 17 personas presuntamente implicadas en el caso de corrupción en Petroecuador. Aquello es consecuencia del operativo denominado ‘Oro Negro’, efectuado el viernes 21 de octubre en las ciudades de Esmeraldas, Guayaquil y Quito.

Aunque no proporcionó información detallada sobre los implicados, Serrano señaló que la anulación del documento migratorio también aplica para los familiares de los sospechosos. Es decir, estas personas no podrán ingresar a ninguno de los Estados que les otorgaron una visa con anterioridad.    

En cambio, el secretario de Estado explicó que quienes actualmente residen fuera del país “entrarán a una situación de ilegalidad”, toda vez que termine o caduque el tiempo que se les autorizó permanecer en esos territorios. Informó que varios países -no especificó cuáles- procedieron inmediatamente con la revocatoria de visas el mismo viernes 21 de octubre, luego de la emisión de órdenes de captura.

Agradeció la colaboración de países, como Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Canadá y Panamá, “por las asistencias penales e internacionales, pero también por la revocatoria de visas”.

Al ser consultado sobre el posible paradero de los 17 implicados, Serrano prefirió reservarse la información en espera de las difusiones rojas y órdenes de captura internacionales, “para lograr la aprehensión y detención de estas personas”.

Respecto a la solicitud formulada a la Interpol, el pasado 23 de octubre, para que emita una difusión roja contra el exministro de Hidrocarburos, Carlos P.Y., el Ministro del Interior manifestó que se ha cumplido con los procedimientos administrativos, por lo que esperaba que ayer esa institución aprobara y publicara la circular.

Carlos P.Y. salió del país el 28 de septiembre rumbo a España, antes de que se emitiera la orden de detención en su contra. La justicia ecuatoriana lo busca por el presunto delito de cohecho. De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría recibido sobornos por alrededor de $ 1 millón, entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, año en que dejó su cargo.

Críticas al fiscal

La situación generada por el escándalo en la estatal petrolera ha provocado serios cuestionamientos en el accionar del fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

Al interior de la Asamblea Nacional incluso se analiza la posibilidad de llevar a un juicio político al Fiscal porque no hubo una reacción inmediata después de que el informe de la Comisión de Justicia concluyera la existencia de indicios que señalaban irregularidades en las acciones del exfuncionario.

Sobre esto, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, dijo que el propósito del Gobierno Nacional es hacer el seguimiento del caso, “con el principal objetivo de evitar la impunidad. Las competencias de las otras funciones del Estado les corresponde a ellos”.   

Zúñiga recordó que el delito de cohecho no prescribe y que pueden determinarse sentencias en ausencia de los procesados. (I)