El Gobierno colombiano firmará hoy el decreto que pone en “emergencia” a las cárceles del país con el fin de resolver el problema del hacinamiento de los reclusos, cuyo número supera actualmente en 53,6% la capacidad de los penales.

De acuerdo con el plan presentado al presidente Juan Manuel Santos, esto permitirá acelerar “la entrega de una serie de recursos” destinados para el tema.

Según el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), en el país hay 117.000 reclusos, 40.000 más del número para el que fueron hechas las cárceles. Entre las medidas a tomar, Santos manifestó que se aumentarán los cupos carcelarios y habrá intervención por parte de la policía en los recintos.

El plan del Gobierno es crear 20.000 nuevas plazas carcelarias para finales de añoEn Colombia hay 142 reclusorios. De estos, son tres los que muestran el mayor índice de hacinamiento. El de Riohacha tiene una capacidad para 100 internos, pero cuenta con 427. Bellavista, en Medellín, tiene espacio para 2.424 personas, pero recluye a 7.472.

Asimismo, la cárcel Modelo, en Bogotá, fue construida para albergar a 2.907 presos, pero retiene a 7.839  (210% más de lo permitido), por lo que un juez ordenó no recibir más reclusos por un período de tres meses.

En un estudio realizado la semana anterior se determinó que en los últimos 12 años la población carcelaria en el vecino país aumentó de 62.000 personas privadas de la libertad a 117.000.

A estos problemas se suman las 700 demandas por situaciones violatorias de derechos humanos que tiene el sistema judicial y el déficit de vigilantes penitenciarios.

Con la declaración de la emergencia carcelaria el Gobierno puede iniciar las obras de ampliación o reforma de los penales sin necesidad de recurrir a una licitación pública, lo que reducirá el tiempo de ejecución de estos procesos.

Hasta ahora está claro que 168 mil millones de pesos serán destinados para la construcción inicial de 10.000 nuevas plazas carcelarias para finales de año (que se podrían extender a 20.000), con lo que se reduciría a la mitad el problema del hacinamiento. El organismo encargado de su construcción será el batallón de Ingenieros Militares.

El plan consistiría en ampliar los penales con estructuras ligeras, parecidas a los alojamientos militares, a las que se destinarían reos con necesidades de mínima y mediana seguridad.

En lo que va del año el problema se ha agudizado debido a que la justicia ha ordenado el cierre de 16 penales para que no puedan ingresar más internos. Por su parte el Congreso tiene pendiente aprobar el nuevo Código Penitenciario, que prevé la salida de algunos presos y que aliviaría los problemas de superpoblación en algunos penales del país.

La ministra de Justicia, Ruth Correa, expresó que se agilizarán los procesos de contratación, la firma de convenios interadministrativos y la ejecución de recursos para el sistema carcelario de Colombia. Correa hizo un llamado al Congreso colombiano para que apruebe lo antes posible el nuevo Código Penitenciario.

La funcionaria dejó claro que todos los procesos serán vigilados por la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de evitar casos de corrupción y para que el dinero a invertir sea utilizado correctamente.