En 2020 el Ministerio de Gobierno destinará $ 100 millones para construir Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC).

Para su edificación, la Secretaría de Estado solicitó a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) dar facilidades, como es la entrega de terrenos.

Así lo anunció este martes 19 de noviembre de 2019 María Paula Romo, ministra de Gobierno, durante la firma de un convenio marco interinstitucional con 34 municipios de 10 provincias.

En el acto, realizado en el Instituto de Estudios Históricos de la Policía Nacional, se establecieron acciones conjuntas en seguridad contra la delincuencia y el crimen organizado.

En ese marco se planteó la creación y regulación del Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Luego de la firma, la Ministra entregó a cada alcalde modelos de ordenanzas que son empleadas en la seguridad, para que se apliquen en las ciudades.

Un ejemplo -dijo- es regular el uso de motos, como ocurre en Milagro (Guayas), en donde a través de una ordenanza se prohibió la circulación de dos hombres en una misma motocicleta. También mencionó otras ordenanzas para regular el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y controlar la ingesta de licor.

Romo manifestó que desde el ECU-911, el 80% de atenciones son derivadas a la Policía Nacional; la mitad de esos casos son por escándalo por consumo de alcohol. “Es obligación de los alcaldes trabajar en ordenanzas que permitan dar tranquilidad a cada ciudadano”, acotó.

Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), sostuvo que la seguridad no solo le compete a la Policía, sino también a la sociedad civil.

Señaló que con el proyecto las alcaldías podrán crear ordenanzas y recaudar fondos para actividades como el mejoramiento de UPC y UVC.

Añadió que la propuesta abrirá las puertas para que dentro de los planes de ordenamiento territorial (que debe presentarse hasta mayo de 2020), se pueda tener mayor número de insumos en seguridad.

Necesidades de los municipios

Tyrone Vega, alcalde de San Miguel de Urcuquí (Imbabura), manifestó que este convenio ratifica el compromiso del Gobierno para garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio. Según el funcionario, uno de los temas que más preocupa a su población es la minería ilegal.

En julio de 2019, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, por “conmoción interna” tras los hechos de violencia en esa zona.

Vega indicó que hubo una intervención a tiempo, ya que ahora hay “completa calma”. Sin embargo, expresó la necesidad  de que con el convenio se capacite al personal a cargo para evitar que la minería ilegal retorne.

Urcuquí cuenta con una población de 20 mil personas y hay tres UPC activas con 60 miembros de la Policía, lo que resultaría insuficiente. “Esperemos que con el convenio se incrementen los efectivos para fortalecer el control”, agregó.

Sonia Palacios, alcaldesa de Baba (Los Ríos), espera que se expandan los sistemas de prevención de delitos, pero sobre todo que se den espacios a los policías para que cumplan con su labor de control.

En esa localidad hay 47 mil habitantes, un solo UPC y 16 agentes que deben atender especialmente casos de muertes violentas.
Hipólito Carrera, alcalde de La Maná (Cotopaxi), también se refirió a los problemas que son frecuentes en su jurisdicción.

Indicó que en la localidad son recurrentes los casos de robo por arranche. (I)