El exasambleísta Galo Lara Yépez, quien tiene una sentencia pendiente de 10 años por asesinato en Ecuador, fue detenido la madrugada de ayer en el balneario de Santa Catalina, corregimiento de Soná, en la provincia de Veraguas, con 2 computadoras portátiles y una maleta llena de billetes, confirmó el fiscal Galo Chiriboga, quien adelantó que ya se pidió su deportación inmediata a las autoridades judiciales panameñas.

Pero, no solamente se solicitó a las autoridades panameñas la deportación sino también la extradición de Lara, según el canciller Ricardo Patiño. “Esperamos que los 2 pedidos sean atendidos para que cumpla su condena como corresponde. Depende de ellos ahora”, indicó ayer Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores. Además, explicó que se solicitó la deportación porque hay un código rojo de la Interpol.

Enhorabuena que Panamá comprendió que el caso Galo Lara no era un problema político, sino estrictamente con la justicia”, puntualizó el secretario de Estado.

Chiriboga, quien se contactó con la vicecanciller panameña, Mayra Arosemena,  dijo que una vez localizado Lara, la Interpol dirigió el operativo de captura. “En el momento de la aprehensión fue sorprendido con 2 portátiles y un maletín lleno de billetes”, señaló.

Después, Lara fue trasladado a la sede de la Interpol, ubicada en Ancón de Panamá, manifestó José Nelson Brandao, defensa del exasambleísta.  

También, indicó que agotarán todos los recursos, tanto a nivel local como internacional para protegerlo. El procesado presentó una solicitud de refugio ante la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados de Panamá, agregó el jurista.

La Fiscalía está atenta a entregar la información que se requiera, a fin de que Lara regrese al país y cumpla la sentencia.

Lara gozaba hasta hace un mes de asilo territorial, que Panamá le había concedido en octubre de 2013. Sin embargo, la Cancillería de ese país lo revocó el pasado 19 de mayo.  Por ello, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó la extradición del exlegislador, además de una orden de detención internacional.

Desde ese momento se desconocía formalmente la ubicación de Lara, hasta se pensaba que había fugado a Costa Rica, por lo que la Fiscalía entregó la documentación del caso Quinsaloma a las autoridades de ese país, para explicar que no era un perseguido político, como él lo había manifestado.
 
Caso Quinsaloma  

Lara fue condenado a 10 años de prisión como cómplice del asesinato de Carlos Llanos, Silvia Parco y el hijo de ambos, de 4 años. El triple crimen ocurrió en la localidad de Quinsaloma, Los Ríos, en agosto de 2011.

La sentencia fue dictada en septiembre de 2013, por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ, y fue ratificada y declarada en firme por el Tribunal de Casación, el 18 de noviembre de 2013.