El trabajo de la Mesa de Verdad y Justicia quedó estancado. Y no ha podido alcanzar una reparación a los servidores judiciales que fueron separados injustamente.

Esa es la conclusión de Manuel Rosero, secretario de la organización, al reflexionar sobre la labor que cumplieron para investigar los casos de empleados judiciales destituidos durante el régimen de Rafael Correa.

La Mesa se creó a través de la resolución 094A-2019 del Consejo de la Judicatura (CJ), con fecha 31 de octubre de 2018, pero entró en funciones formales el 8 de noviembre de 2018.

Fue creada para conocer los casos de exservidores defenestrados por el CJ, enfocándose en la figura de error inexcusable y cualquier otra figura aplicada desde 2007 en adelante.

Estas faltas están contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 109 habla de las infracciones gravísimas. Al servidor se le impondrá sanción de destitución, por infracciones disciplinarias como negligencia o error inexcusable.

El organismo también fue creado para conocer y analizar casos de corrupción judicial por parte de los órganos jurisdiccionales. En esa línea, la organización recibió alrededor de 800 denuncias, las cuales fueron analizadas para determinar si cumplían con los requisitos de destitución irregular.

Al final se validaron 565 quejas desde 2009 hasta 2018. Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa, señaló que la mayoría de casos se registraron durante las administraciones de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh, extitulares del CJ en el régimen del expresidente Correa.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el organismo, del total de denuncias por destitución, 168 fueron por error inexcusable y por manifiesta negligencia. De ese grupo, 12 fueron secretarios; 29, fiscales; 121, jueces y seis eran notarios.

Para alcanzar una reparación a los funcionarios expulsados, la Mesa presentó un informe al CJ, para que proceda con la revisión de los casos, su análisis, reparación integral y restitución a los cargos.

No obstante, no se ha dado lectura al documento ni se ha dado paso a la reparación advirtió Rosero. “Nadie le dio la relevancia al trabajo que cumplió la Mesa durante más de un año. El CJ lo que hizo fue minimizar y encasillar a que los jueces que fueron destituidos son gente corrupta”, expresó.

Similar criterio compartió Rafael Núñez, exjuez de Trabajo, quien fue destituido injustamente a pesar de que se comprobó que fue hackeada una sentencia que emitió el 13 de marzo de 2012.

Núñez aseguró que en la Mesa de Verdad se cumplió con la función para la que fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Sin embargo, hasta el momento no han ejecutado las reparaciones, a pesar de que se presentó un informe de 148 páginas. “El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía son renuentes”, aseguró. (I)