La red de corrupción que habría operado en el Ministerio del Interior, desde 2014, tiene a seis personas vinculadas hasta el momento. De ellas, cuatro se encuentran con medidas sustitutivas y dos ya salieron del país.

Luego de tres meses de investigaciones, el miércoles pasado la Fiscalía recibió autorización para efectuar nueve allanamientos en domicilios en El Condado y Cumbayá, en un edificio en la av. De los Granados y en oficinas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, en Quito, por el presunto delito de asociación ilícita para cometer concusión.

En los operativos, cuatro personas fueron detenidas, Boris P., director administrativo del Ministerio del Interior; su esposa, María E.; Byron Z., director financiero del Ministerio del Interior; y David Y., gestor de la Casa de la Asamblea en Pichincha y exasistente de la Presidencia de la Asamblea en el anterior periodo.

Mientras que Paula C., excoordinadora administrativa financiera del Ministerio del Interior, quien dejó el cargo en noviembre de 2015; y su exesposo Eduardo N. no pudieron ser detenidos porque abandonaron el país.

La acusación

Al día siguiente de la detención, los cuatro sospechosos acudieron a la audiencia de formulación de cargos, en donde la fiscal encargada del caso, Claudia Romero, reveló que la investigación empezó luego de que un contratista denunciara en el área jurídica de ese ministerio que algunos funcionarios cobraban comisiones del 10% para agilizar contratos y como prueba el denunciante entregó un número telefónico del que recibía las propuestas.

La fiscal precisó que, aunque la investigación arrancó en agosto pasado, el período que se investiga empieza en 2014.

Los contratos que están bajo sospecha se relacionan con la compra de caballos para la Policía, revisión mecánica de patrulleros, el cambio de kilometraje de carros, la adquisición de chalecos, autos y municiones, entre otros. “Contraloría tiene conocimiento de estos hechos y está realizando la respectiva investigación e informe”, señaló Romero.

La Fiscalía pidió autorización para hacer escuchas telefónicas y constató que hay otras personas involucradas en este hecho ilícito. Por ejemplo, en las triangulaciones de llamadas, los investigadores detectaron que se comenta que las presiones para que se concreten los negocios llegaban de alguien al que llaman ‘3P’.

Según la fiscal Romero, los cuatro vinculados que fueron detenidos el miércoles se habrían asociado y, aprovechándose de sus cargos públicos, exigían pagos a proveedores del Ministerio del Interior. Por eso, ella pidió la prisión preventiva y la apertura de la instrucción fiscal.

Como parte de las evidencias presentó audios en donde supuestamente se escuchan las conversaciones telefónicas de los implicados.

Sobre Paula C. y su exesposo Eduardo N., quienes ya salieron del país, dijo que la exfuncionaria habría ordenado la compra de los caballos y bienes de Yachay; además, dio a conocer que, según las indagaciones, la mujer no manejaba cuentas bancarias y tampoco registraba bienes a su nombre. “Todo se manejaba a través de su esposo”.

Reveló que Eduardo N., a pesar de registrar ingresos mensuales por $ 7.000, cuenta con un patrimonio superior a $ 2 millones.

Con estos elementos de convicción la fiscal solicitó prisión preventiva de 90 días para los cuatro detenidos para garantizar su presencia en el proceso legal, por considerar que hay un alto riesgo de fuga y la detención de las dos personas que salieron del país.

La jueza Geovanna Palacios no aceptó el pedido y decidió, luego de una audiencia de 8 horas, que los procesados se presenten cada 15 días ante la autoridad judicial, la colocación de un dispositivo electrónico y les prohibió que salgan del país. “La prisión preventiva es de última ratio, no estoy de acuerdo con la decisión de la fiscal”.

Fiscal dijo que fue intimidada

Durante la diligencia, la fiscal advirtió haber sido víctima de intimidación. Claudia Romero dijo que detrás de estas personas involucradas en el delito hay actores políticos de mucha influencia. Manifestó que recibió llamadas antes de la diligencia del jueves, para exigirle que excluyera a tres de ellos de las pesquisas; añadió que ha sido víctima de dos actos intimidatorios desde que empezó la investigación. Hay temor -dijo- en los agentes policiales asignados a esta pesquisa.

Aquello fue ratificado por el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, quien ordenó que se investiguen las intimidaciones y presiones denunciadas, además de que se abra una investigación por supuesto tráfico de influencias.

Dos funcionarios, separados

Ayer el ministro del Interior, César Navas, indicó que los dos funcionarios de esta cartera de Estado, Boris P. y Byron Z., serán separados de la institución, una vez que la Fiscalía los procesó como parte de una red de corrupción. Aclaró que uno estaba en comisión de servicios y el otro era de libre remoción.

De igual manera, anunció que investigará si hubo fuga de información que permitió que Paula C. y su exesposo pudieran salir del país. Ella el miércoles pasado y él mucho tiempo antes.

Navas confirmó que Paula C. fue interceptada por elementos de Migración el miércoles en el aeropuerto de Tababela cuando se aprestaba a abordar el avión para viajar al exterior, pero al no haber  ninguna orden de detención o impedimento legal a esa hora y día, la Policía permitió que saliera del territorio nacional.

El secretario de Estado resaltó que en ningún momento se ha intentado desviar las investigaciones y enfatizó que fue el propio ministerio el que puso la denuncia. (I)

El ministro del Interior, César Navas (con el micrófono en mano), acompañado de autoridades policiales, ofreció ayer una rueda de prensa en Quito. Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO

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A $ 8 millones llega la estafa a través del BDH

Alrededor de $ 8 millones es el perjuicio ocasionado a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) por parte de una organización delictiva que se dedicaba a estafar a la gente humilde beneficiaria de este subsidio estatal.

El modus operandi de esta organización era obtener información de las personas que acceden al bono y que viven en zonas rurales de las provincias de Guayas, Esmeraldas, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, luego ingresaban al sistema y mediante un método aún no definido cobraban la mensualidad.

A cinco meses de la investigación de la denuncia que llegó a la Presidencia de la República, hay ocho detenidos, dijo el ministro del Interior, César Navas, al tiempo de subrayar que, más que un perjuicio para el Estado, lo es para la gente pobre y humilde. Aseguró que las investigaciones continúan para dar con toda la red delictiva.

El ministro también ofreció detalles sobre la desarticulación de una banda dedicada a estafar a los aspirantes a policías mediante el ofrecimiento de cupos. En un primer operativo fueron detenidas 17 personas, entre ellas: un policía en servicio activo, otro en servicio pasivo, un guía penitenciario, siete privados de libertad y siete familiares.

En el segundo operativo se desarticuló a una organización con 10 integrantes. Entre ellos constaban agentes en servicio activo, médicos del hospital de la Policía Nacional. Además, se allanaron nueve inmuebles. (I)