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Ecuador, 22 de Diciembre de 2024
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Frente de profesionales muestra apoyo a la lucha anticorrupción

El Frente de Organizaciones Sociales y Profesionales (FOSPE) se reunió ayer en Guayaquil
El Frente de Organizaciones Sociales y Profesionales (FOSPE) se reunió ayer en Guayaquil
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El apoyo irrestricto a la lucha contra la corrupción resolvió el Frente de Organizaciones Sociales y Profesionales (FOSPE), en el marco de la convención nacional que se realizó este sábado 21 de julio en Guayaquil.

Carlos Villegas Cruz, presidente del FOSPE, detalló que el apoyo a la lucha contra la corrupción no tiene banderías políticas, pero si la exigencia de celeridad, transparencia y efectividad en la recuperación de los dineros robados por funcionarios corruptos.

El dirigente sugirió que en esta coyuntura, las organizaciones sociales tengan una relación vinculante con los órganos de control, de justicia y administrativos para colaborar para una correcta y ágil administración pública.

Además, Villegas solicitó que la rendición de cuentas de los funcionarios públicos sea obligatorio como lo señala la Constitución. "Es necesario que se rinda cuentas, con cifras económicas y logros, sobre las acciones positivas de los funcionarios, especialmente sobre gastos, contrataciones, lo cual debe tener el visto bueno de Contraloría y con su declaración de bienes a la fecha de su rendición de cuentas".

Manuel Yagual, de la Cámara de Líderes Sociales de Santa Elena, hizo incapié en un mayor control de los procesos jurídicos, los cuales deben ser ágiles para recuperar los bienes robados al Estado.

Las resoluciones de los miembros de la FOSPE, también buscan la existencia de un programa más técnico, en donde se establezca la contratación pública técnica con una mínima intervención de personas en los procesos y con la veeduría de las organizaciones sociales.

Asimismo, se impulse la creación de la Contaduría General del Estado como herramienta para evitar la corrupción.

Villegas hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que se apruebe la Ley de Patrimonio y que el Consejo de la Judicatura y los entes de justicia trabajen con la asistencia internacional para rastrear el dinero robado al Estado y que permanece en paraísos fiscales. (I)

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