Los exteriores de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Flagrancias continúan con resguardo policial y cercos de metal por medidas de seguridad a propósito de las protestas que por séptimo día consecutivo se realizan en contra de las medidas económicas del gobierno.

En la Unidad de Flagrancias, de la avenida Patria y Nueve de Octubre (norte de Quito), los policías no permiten el paso a la personas que desean cumplir con algún trámite o diligencia. Primero les preguntan a qué departamento se dirigen y qué trámite van a realizar. Dependiendo del proceso se les deja ingresar.

El acceso para medios de comunicación también es restringido. Los agentes a cargo indicaron que las Unidades de la Defensoría Pública y de Fiscalía no van a dar información más que a los abogados de las causas.

La restricción no impide que los familiares de los procesados se congreguen a la espera de las respectivas audiencias.

Según el reporte de la unidad, entre las 10:20 de ayer, martes 8 de octubre, y las 06:45 de hoy, miércoles 9 de octubre, cuando se puso en vigencia el Toque de Queda, 30 personas quedaron detenidas por distintas causas.

La atención "a medias" causó malestar en otros casos. Así por ejemplo Carlos R., tiene que llegar cada miércoles para presentarse antes un agente fiscal.

Un funcionario se encargó de informarle que tenía que ingresar por la parte posterior del edificio, para cumplir con la disposición legal.

Hubo funcionarios que se quejaron de que no les permitieron cumplir con sus labores. Esa fue la queja de Edison Porres Montenegro, delegado de la Dirección de Atención y Protección Especial y Reparación a Víctimas de Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos.

El funcionario necesitaba conocer los casos de violencia intrafamiliar para ofrecer asistencia psicológica y legal, pero no le permitieron el paso.
"Estos casos no pueden esperar. Si bien hay que mantener la seguridad, tienen que permitirnos trabajar", cuestionó.

Afuera de la Unidad de Flagrancias también acudieron familiares y amigos de los detenidos por las manifestaciones callejeras. La gran mayoría esperaba conocer en dónde se encontraban 73 personas que fueron trasladadas desde Quito hasta las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en Pusuquí (nor Occidente de Quito).

David Piedra, uno de los abogados que patrocina a los procesados, informó que los detenidos serán trasladados hasta el Complejo Judicial de Carcelén, en donde se efectuará la audiencia de flagrancia. (I)