La Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó el pedido del fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, quien solicitó el historial médico del coronel Mario Ricardo A. W. Esta notificación fue confirmada por Diego Peñafiel, experto en Derechos Humanos de la Fiscalía, quien agregó que todavía no se conoce la fecha de la instalación de la diligencia. 

El pasado 9 de noviembre, a pocos minutos de que se iniciara el juicio para 5 militares por un presunto delito de lesa humanidad en contra de 3 miembros de la agrupación Alfaro Vive Carajo (AVC), la jueza Sylvia Sánchez difirió la diligencia porque el representante legal de Mario Ricardo A. W., uno de los implicados, presentó un certificado médico aludiendo un quebranto en la salud de su defendido.

Ese antecedente fue el punto de partida durante el encuentro denominado “Primera Jornada Memoria Histórica y Comunicación”, que se efectuó en la Facultad de Comunicación Social de Quito (Facso)

En el evento se analizó la postura de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de los medios de comunicación durante el régimen de León Febres Cordero, en donde se registró el mayor número de atentados contra los derechos humanos, según el informe de la Comisión de la Verdad.

Marco Troya, representante de la Mesa de Víctimas y exintegrante de AVC, reconoció que la organización cometió actividades fuera de la ley como fue el asalto a agencias bancarias, secuestros y tomas de medios de comunicación. No obstante, reiteró que los miembros pagaron su falta con prisión.

Por ello sostuvo que es necesario que de la misma forma que ellos fueron sancionados haya una sanción a los responsables de acciones que atentaron contra los derechos humanos. "Hay suficientes pruebas que demuestran que el Estado de aquella época invirtió recursos para reprimir", indicó.

Troya se refirió a la audiencia fallida en la Corte Nacional y rechazó la presencia del alto mando militar antes de que se difiera la diligencia. Señaló que como integrante de AVC no sabe si va haber una sentencia, pero reiteró que al final toda esta lucha "habrá valido la pena".

El delegado de la Fiscalía añadió que para el día del juicio se convocó a más de 30 testigos y se contó con más de 60 documentos que hacen parte de la prueba documental. Además precisó que se tiene alrededor de 13 peritajes. "Fue un trabajo arduo para iniciar este proceso. Por eso la Fiscalía no estuvo de acuerdo a que se difiera la audiencia", reiteró.

Peñafiel recordó que en el proceso de la etapa de juicio 2 presuntos involucrados en este caso han fallecido. El primero fue Jorge A., ministro de Defensa en 1984, quien también tuvo otros cargos como Comandante del Ejército y fue uno de los más altos mandos de esta cadena; el segundo fue Carlos J., director de Inteligencia del Ejército.

Otro militar sindicado es Luis P., quien también se desempeñó como ministro de Defensa en aquella época y se encuentra prófugo en los EE.UU. por lo que no puede ser juzgado en ausencia. La misma situación se presenta para Édgar Vaca, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia Criminal SIC 10 y también se encuentra fuera del país. Peñafiel recordó que la Fiscalía continúa insistiendo en la extradición, pero hasta el momento no hay una respuesta clara. (I)