La mañana de ayer, un operativo alteró las actividades en el centro de matriculación vehicular del Parque Bicentenario (norte de Quito).   

El fiscal Hugo Pérez lideró el procedimiento, que condujo a la retención de un funcionario de la municipal Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El retenido fue llevado a la Fiscalía Provincial de Pichincha para rendir versión sobre el presunto pedido de dinero a un ciudadano para la liberación de un vehículo detenido. Aquello habría ocurrido pese a que el automotor ya tenía la orden de devolución, emitida por una jueza del área de contravenciones.

Pérez señaló que otros funcionarios municipales estarían implicados en el hecho y que las investigaciones continuarán.

El fiscal provincial de Pichincha, Fabián Salazar, aseguró que la entidad seguirá indagando todas las denuncias que se realicen sobre el tema de movilidad y otros.

Consideró que la revelación de este caso es resultado del operativo efectuado el jueves pasado sobre el presunto cobro de coimas a transportistas, a cambio de ayuda con permisos para buses y taxis.

Ese día, funcionarios de la Policía y del ministerio público allanaron 14 inmuebles, entre ellos varias dependencias municipales, y retuvo a 8 personas: 4 funcionarios, 2 contactos y 2 concejales.

Tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza María de los Ángeles Montalvo dictó medidas cautelares para los involucrados la madrugada del 20 de abril.

Montalvo dispuso a los implicados el uso de dispositivos electrónicos de rastreo, la prohibición de salida del país, la retención de valores, la prohibición de enajenar bienes y la obligación de presentarse cada 15 días ante una autoridad judicial.

Sobre este tema, integrantes del movimiento político CREO entregaron ayer una petición al fiscal Salazar. Participaron, entre otros, el asambleísta Fabricio Villamar y el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo.

En el documento entregado se pide que las investigaciones se extiendan a los directivos de las operadoras de transporte en taxis de la capital.

Para ello se pide que el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Registro de la Propiedad y la Unidad de Análisis Financiero y Económico sean integrados en las investigaciones para determinar eventuales incrementos patrimoniales inusuales. (I)