La Fiscalía dispuso el inicio de una investigación por delitos en contra de la integridad personal, a propósito de una serie de videos que circulan en redes sociales sobre presuntos abusos de servidores policiales y militares contra ciudadanos, en el marco de los controles para hacer cumplir el toque de queda.

En el comunicado, la Fiscalía exhorta a las instituciones y ciudadanos a respetar las disposiciones  gubernamentales en el marco de la Constitución y la Ley, con especial observancia a los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Al respecto, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, recalcó en un canal local que es inadmisible que haya agresiones y abuso del poder. Por eso, aquellos casos aislados se investigarán. “Nos ceñimos a la ley”, apuntó Jarrín. 

El comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, también se refirió a las supuestas agresiones en su cuenta en Twitter. "La profesión policial es nobleza, la frontera entre fuerza y la ley es delimitada por los métodos, jamás aceptaremos prácticas por fuera de la norma".

Uno de los videos muestra a un supuesto agente de la Policía dar correazos a un adolescente afroecuatoriano, al que le obliga a hacer flexiones de pecho y llama "burro" al que hay que estar "arriando" para que "no esté en la calle". Esto en referencia al toque de queda que impide que desde las 14:00 en todo el país los ciudadanos estén fuera de sus domicilios, como medida para evitar la propagación del coronavirus (covid-19).

Otros videos muestran situaciones similares. En uno se ve a supuestos militares reprender y golpear a jóvenes que se están bañando en un río. En otros, ciudadanos son obligados a hacer flexiones y sapitos. También hay imágenes de un ciudadano cuyo cabello largo es cortado mientras un soldado le pregunta  "¿en dónde tiene que estar? Y el ciudadano responde:"En la casa".

Se desconoce los lugares y fechas donde los videos han sido grabados. 

Según el artículo 33 del Código de la Seguridad Pública y del Estado, "durante los estados de excepción, el abuso del poder, por cualquier agente o funcionario del Estado, debidamente comprobado será sancionado administrativa, civil y penalmente". (I)