El Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía General del Estado mantendrán reuniones periódicas para conocer la realidad de la administración de justicia en cada provincia con el objetivo de tomar acciones que fortalezcan el servicio en beneficio de la ciudadanía.

Así lo anunció este lunes 22 de abril, María del Carmen Maldonado, quien, junto con los vocales, Maribel Barreno, Juan José Morillo, Fausto Murillo, Patricia Esquetini y el director general, doctor Pedro Crespo, cumplió una agenda de trabajo en Tulcán, provincia de El Carchi.

Las autoridades del Consejo participaron en una rueda de prensa, donde la presidenta del CJ explicó los 4 ejes de gestión de la institución y las acciones cumplidas.

A decir de Maldonado, la mesa interinstitucional con la Fiscalía tendrá el objetivo de coordinar acciones que permitan mejorar la gestión judicial.

La vocal Maribel Barreno indicó que esta mesa de trabajo podrá conocer las razones por las que no avanzan los procesos judiciales: “Vamos a fortalecer la institucionalidad para que haya unidad de criterio entre los fiscales y los jueces con la finalidad de que se aplique la normativa en todo el país de la misma manera”, precisó.

El Pleno del CJ mantuvo un encuentro con los jueces de la Corte Provincial. “Esta es nuestra forma de trabajar, escuchando de primera mano los requerimientos de los servidores judiciales, y buscar en conjunto una solución”, señaló la doctora Maldonado, quien se comprometió a fortalecer el sistema judicial de la provincia.

En este marco, anunció que el Pleno del CJ trabaja en el cambio del modelo de gestión en algunas provincias. “Dejaremos de lado el pull de jueces y conformaremos salas especializadas”, indicó.

Asimismo, en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Consejo de la Judicatura analiza modelos de gestión para fortalecer la atención a víctimas de violencia sexual.

La vocal Patricia Esquetini señaló que, junto con otras instituciones del sector justicia, se coordina un mecanismo para dar seguimiento permanente a todos los casos de delitos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. (I)