El 21 de este mes se cumplen dos años y medio de la revelación de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, efectuada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE.UU.).

En Ecuador la investigación de oficio por el delito de cohecho se inició el 22 de diciembre de 2016 por orden del entonces fiscal Galo Chiriboga. Esto porque según la revelación, entre 2007 y 2016 Odebrecht había pagado $ 33,5 millones en coimas a funcionarios públicos y empresarios ecuatorianos para hacerse de contratos en obras.

La primera asistencia penal para el caso se solicitó a Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2016, y para inicios de febrero de 2017 ya Brasil tenía en sus manos uno similar.

El 11 de mayo de ese año, Chiriboga fue reemplazado por Carlos Baca, quien obtuvo asistencia penal de Colombia, España, Andorra, Panamá, Suiza, Barbados, México y China para avanzar en las investigaciones.

Hasta diciembre de 2017 la Fiscalía General del Estado registraba 26 expedientes abiertos por el caso de corrupción de Odebrecht.

Ni la mitad de esos casos pasó la fase de investigación previa. Algunos que tenían fecha para audiencia de formulación de cargos nunca se concretaron, como el expediente por lavado de activos que debía sustentarse en contra de Ricardo R., tío del exvicepresidente Jorge G., y otros. Igual sucedió con el de defraudación tributaria, anunciado en contra de la constructora.

La situación actual

A la fecha, por la trama de corrupción de la constructora brasilera en Ecuador están en trámite 11 procesos.

Según datos oficiales proporcionados por la fiscal general del Estado Diana Salazar, de los 11, cinco se encuentran en investigación previa, fase que por ley es reservada; tres ya tienen sentencia; uno está en fase de apelación; otro en casación y el último en etapa de juicio.

De los que se investigan, el uno es contra Carlos P. Y. (Capaya) y otros por el delito de lavado de activos. Tres son por presunto cohecho en los casos: Manduriacu; La Esperanza y proyecto Daule Vinces, mientras que por la Refinería del Pacífico el delito que se indaga es peculado.

Los tres procesos que han llegado a sentencia son: por asociación ilícita, en los que están sentenciados a 6 años de prisión el exvicepresidente Jorge G.; su tío, Ricardo R., y otros. Actualmente se espera que se tramite un recurso de apelación.

El segundo con sentencia es por el delito de concusión contra el excontralor del Estado Carlos P., quien fue condenado a seis años de prisión y John P., a tres años. Y el tercer proceso con sentencia es por lavado de activos por el que fue condenado a cinco años de cárcel el exministro Alecksey M. y otros.

Respecto a la causa que está en apelación figuran, por lavado de activos, Ramiro C., Gustavo M. y Vladimir S.

El proceso en fase de casación es también por lavado de activos, contra Diego C. y José T.

Finalmente está en etapa de juicio el proceso por el delito de lavado de activos contra Édgar A., Elvira I., José A., Juan B., Myriam C., Gladys C., y como personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero.

Mameri no rendirá versión

En febrero de este año 2019, la fiscal general de ese entonces, Ruth Palacios, y el secretario Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda, viajaron a Brasil para recabar información nueva sobre el caso Odebrecht.  

El 6 de marzo, en rueda de prensa conjunta informaron que se ha logrado unificar la investigación y que el fiscal de cada causa acceda a todos los documentos porque Brasil levantó la cláusula que les impedía compartir las pruebas e incluirlas en otros expedientes.

Granda dijo que unificar los procesos de investigación permitirá entender cómo operó la firma brasileña.

Una segunda meta del viaje fue conseguir las versiones de Luiz Mameri y José Conceição Santos, antiguos directivos de la empresa Odebrecht. Sobre este tema, la fiscal Palacios explicó que sus declaraciones se tomarán “próximamente”.

La diligencia se realizará a través de videoconferencia y estarán presentes los 11 fiscales que manejan los expedientes.
Sin embargo, para la actual fiscal Diana Salazar, esto ya no es necesario porque “todo está en el testimonio que rindió José Conceição Santos”.

A su criterio, se debe profundizar en la investigación interna de los hechos que se registraron aquí y sus involucrados. (I)