En las próximas horas la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, fijará día y hora para la audiencia de vinculación del expresidente Rafael Correa al proceso de investigación sobre el presunto secuestro del político Fernando Balda.

La magistrada quedó autorizada luego de que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, mediante un comunicado respondiera favorablemente. Sin embargo la titular del Legislativo convocó para el jueves 14 de junio al pleno, a las 16:00, para conocer el pedido de vinculación.

“Como es de conocimiento público, a partir de mayo de 2017 el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce las funciones de Presidente de la República, por tanto no aplica el artículo 120 de la Constitución, numeral 10”, dice el comunicado.

Y añade que “las autoridades judiciales deben proceder en el marco de sus competencias”, con lo que se viabiliza la vinculación anunciada.

Según el Art. 120, numeral 10 de la Constitución, una de las atribuciones de la Asamblea es autorizar con la votación de las dos terceras partes, el enjuiciamiento penal del Mandatario, “cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente”.

Pero este artículo constitucional se aplica cuando la autoridad ejerce funciones y porque goza de fuero de corte, asegura el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Román.

El penalista Patricio Abad considera que no procede el pedido a la Asamblea para que autorice el enjuiciamiento de Correa, ya que en el peor de los casos, según el Art. 144 de la Constitución, hasta un año después de haber dejado el cargo (24 mayo pasado) gozaba de fuero.

“Lo que está haciendo la jueza es curarse en sano para resguardar el proceso penal en caso de alguna interpretación posterior, en la que se diga que hay vicio de nulidad por no haber pedido la autorización”, sostuvo.

Hay elementos para vincular

El fiscal general del Estado (e), Paúl Pérez, indicó que en las últimas semanas se han encontrado suficientes elementos de convicción para hacer esta solicitud de convocatoria de audiencia para vincular al expresidente.

Tras señalar que es una decisión constitucional y legal, precisó que estos elementos se desprenden de las declaraciones y versiones que han emitido los mismos funcionarios que laboraron en el Gobierno anterior.

“Se ha establecido la existencia de órdenes que se han generado en una cadena de mando que se han cometido desde el ejercicio de las funciones que han tenido los procesados”, señaló.

Pérez defendió su designación y ratificó que en su gestión no existirá ni persecución política ni impunidad para nadie, pero sí firmeza en las investigaciones cumpliendo con lo que establece la Constitución: ejercer la investigación y, de hallar méritos, acusar a los responsables. Diego Chimbo, abogado de Luis Ch. y Jéssica F., dos de los cuatro procesados en el caso Balda, coincidió con el Fiscal en el sentido de que hay suficientes elementos.

“Están los testimonios anticipados de mis clientes y la versión del exsecretario nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, lo que le dará sentido a lo que mis defendidos dirán”, señaló.

Además dijo que existen documentos, audios y cartas enviadas por sus defendidos al expresidente que constituyen elementos suficientes para su vinculación.

Felipe Rodríguez, abogado defensor de Fernando Balda, coincidió con Chimbo al afirmar que si la Fiscalía lo quiere vincular al expresidente es porque tiene todos los elementos necesarios, y anunció que presentarán una acusación particular en contra del exmandatario.

El secretario particular del presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán, aclaró que el Gobierno tiene mucho respeto por el trabajo que hacen los entes de control como la Fiscalía y las Cortes, lo que ha permitido que los fiscales y jueces tomen “decisiones difíciles”.

Calificó de muy grave la vinculación de Correa al caso Balda porque se trata de un expresidente que ha tenido alguna participación en un secuestro fuera del país.

El martes 12 de junio, con la toma de las versiones de tres agentes de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, continuó en la Fiscalía la investigación dentro de la instrucción fiscal abierta por asociación ilícita y plagio. (I)