Debido a que se vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso, el pasado 3 de junio, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, declaró nulo el proceso penal por presunto lavado de activos y tráfico de influencias en el denominado  caso pases policiales o estrella dorada.

Entre octubre de 2014 y julio de 2015 se negociaron 1.317 pases para ingresar a la Policía Nacional, por un valor de entre $ 1.000 y $ 2.000 cada uno, evadiendo el procedimiento ordinario.

Hace cuatro años se iniciaron las investigaciones y por estos delitos estaban procesadas 10 personas, pero con la resolución del juez el caso vuelve a la fase investigativa o de indagación previa.

Este se convirtió en el tercer caso anulado por responsabilidad u omisiones en las investigaciones atribuidas a fiscales y personal de apoyo en el último mes y medio.

El segundo caso es sobre el asesinato del comando del GIR Froilán Jiménez, el 30 de septiembre de 2010, durante el rescate al expresidente de la República, Rafael Correa, tras la revuelta policial de este día.

El 1 de mayo pasado, la jueza Ximena Rodríguez declaró la nulidad de todo lo actuado desde el 20 de septiembre de 2018; es decir, solo será válido lo realizado en los primeros 15 días de la instrucción fiscal.

Junto con la resolución de nulidad, la jueza ordenó que se disponga a la Fiscalía General para que realice una investigación interna sobre los movimientos de los cinco fiscales que participaron en la causa. La magistrada señaló que es preocupante la desorganización que ha existido.

Sobre el primer caso, el 28 de mayo pasado, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad del proceso del caso de la desaparición de joven estudiante David Romo, en mayo de 2013.

Lo anulado es desde la reserva de la investigación -dispuesta el 19 de mayo de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2017.

En cada uno de estos casos se ha evidenciado una mala actuación de los fiscales, equivocaciones, incumplimiento de las normas, mala aplicación de la ley, etc.

Para Álex Bonifaz, abogado de la familia de David Romo, todo esto “significa que tenemos funcionarios y operadores de justicia ineficaces, que no cumplen su deber jurídico que es proteger a los ciudadanos”.

En este proceso concreto señala que los fiscales que estuvieron a cargo y que son alrededor de cinco, “debieron en forma inmediata aplicar sus rangos de acción y no lo hicieron. Han pasado seis años y eso no lo hicieron”.

Iván Durasno, abogado del exoficial de Policía, Alexis C., procesado por el caso pases policiales, dijo que por esta causa son cerca de 12 fiscales que estuvieron a cargo, en diferentes momentos. “Estos deben ser sancionados por su pésima actuación”, remarcó. 

Fiscales son investigados
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, informó que ante este tipo de hechos la Dirección de Gestión Procesal ha abierto una indagación interna para determinar las acciones y movimientos realizados por los fiscales cuestionados, durante el proceso judicial.

“Se están revisando los casos”, dijo al subrayar que son 483 fiscales con informes internos sobre sus actuaciones en diversos casos.

Aseguró que se aplicará la justicia y que no se puede permitir actuaciones erróneas o a medias.

De los resultados de los procesos de investigación interna se determinará si amerita enviar un informe al Consejo de la Judicatura (CJ), que es el organismo administrativo, encargado de proceder con sanciones en caso de que amerite.

A febrero de este año, datos oficiales del CJ dieron cuenta de que en los últimos cuatro años 209 fiscales han sido sancionados con amonestaciones escritas, pecuniarias o suspensiones a nivel país, mientras que otros 66 fueron destituidos.

Al menos 13 han sido las faltas recurrentes, de 37 infracciones leves, graves y gravísimas que se registran en el Código Orgánico de la Función Judicial, por las que han sido sancionados.

En total 175 casos de fiscales amonestados y suspendidos y 58 destituidos se registraron entre 2015 y 2017, cuando Gustavo Jalkh estaba al frente del CJ.

Los 34 casos restantes de fiscales con amonestaciones y suspensiones y 8 destituidos se dieron en 2018, en las gestiones de Jalkh, hasta junio, y de Marcelo Merlo, como transitorio. (I)