La Fiscalía General solicitó fijar fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen por presunto tráfico de bienes en contra del expresidente Abdalá Bucaram. Esto, luego de que concluyera la etapa de instrucción fiscal.

El fiscal Eduardo Díaz, informó al juez Juan Carlos Terán que una vez cerradas las investigaciones, se proceda con el desarrollo de la audiencia, señalando que, en la comparecencia, Fiscalía se abstendrá de procesar a Jacobo Bucaram Pulley, su hijo, y solo acusará al exmandatario.

En el dictamen abstentivo emitido para el hijo del expresidente, se consideró promover la acusación únicamente contra el dueño del domicilio allanado y presunto tenedor de las piezas arqueológicas.

Fiscalía inició este proceso con base en el artículo 238 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de transporte y comercialización ilícita, y tráfico de bienes de patrimonio cultural, con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Las investigaciones determinaron que Jacobo Bucaram habita en otro domicilio, ubicado a dos casas de la de sus padres, según lo determina el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el aporte documental de las direcciones de ambos procesados, aportados en la investigación.

El 3 de junio de 2020, en Guayaquil, se ejecutaron varios operativos, a través de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, en los que se allanaron instituciones públicas de salud, locales y viviendas, por denuncias de corrupción relacionadas con la emergencia sanitaria por covid-19.

Uno de estos allanamientos se desarrolló en la residencia del exmandatario, en la que se hallaba también su hijo Jacobo. Ahí se encontraron, además de insumos médicos, un arma de fuego, municiones y veintidós piezas arqueológicas.

De estas últimas, 19 son réplicas y dos son consideradas originales (las cuales pertenecerían a la cultura Bahía y a la cultura Chimú de Perú).

En la audiencia de formulación de cargos del miércoles 5 de agosto de 2020, en la Unidad Judicial Florida Norte, el juez Juan Carlos Terán –una vez analizados los elementos de convicción presentados por Fiscalía– dictó orden de prisión preventiva contra Jacobo Bucaram y medidas alternativas de presentación ante la autoridad, uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país, para su padre.

En la actualidad, Jacobo Bucaram se encuentra en la cárcel N°4, ubicada en Quito. En este mismo centro penitenciario se encuentra Daniel Salcedo, señalado junto con él en un caso de asociación ilícita.

Otros casos pendientes
Si bien la Fiscalía adelantó que se abstendrá de acusar a Jacobo Bucaram, el hijo del expresidente todavía tiene causas pendientes con la justicia.

Asociación ilícita
Está relacionada con sus hermanos Michel, Dalo y su cuñada Gabriela Pazmiño, donde se investiga una trama de corrupción por venta de insumos médicos en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Michel, Dalo y Pazmiño, tienen orden de prisión preventiva, pero ellos se encuentran en Estados Unidos. Por este delito, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula prisión de entre 3 y 5 años.

Sin embargo, Claudia Romero, fiscal de la causa decidió reformular cargos por delincuencia organizada. El juez Ronald Guerrero, de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil, aceptó el pedido. La diligencia se desarrollará el martes 6 de octubre. Esto quiere decir que se le procesaría por una pena de entre 7 y 10 años.

Delincuencia organizada
Jacobo fue vinculado el pasado 26 de septiembre por pedido de la fiscal Lidia Sarabia. En esta causa también está señalado su padre y fueron vinculados tres efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito. Ellos son Kléver A., Samuel S. y Leandro B.

A partir de este caso se investigan otros presuntos delitos, entre ellos la emisión de falsas credenciales de la DEA que portaron los dos extranjeros cuando fueron detenidos en Santa Elena.
También enriquecimiento ilícito por el pago de $ 300.000 que realizó Jacobo Bucaram para adquirir pruebas de covid-19.

Dentro de las investigaciones, Jacobo tendrá que responder por la muerte del ciudadano israelí Shay Dahan, asesinado en agosto de este año, cuando se encontraba en la Penitenciaría del Litoral, con quien habló pocas semanas antes de su muerte, según los peritajes de una llamada grabada entre él y el hijo del expresidente. El COIP contempla un pena de entre 7 y 10 años de prisión. (I)