La fiscal Mayra Soria, una de las pocas especialistas en género, no podrá participar en la audiencia preparatoria de juicio del caso de Juliana Campoverde. La diligencia está prevista para el próximo 5 de febrero en el Complejo Judicial Norte de Quito.

El 23 de enero, el Consejo de la Judicatura saliente decidió suspender a Soria por 30 días, a pesar del voto de oposición de la vocal Angélica Porras.

A Soria se le sancionó por un caso de 2013, en donde, según el CJ, no hubo impulsos fiscales. Para la vocal Porras, la medida es desproporcional, sobre todo cuando la fiscal justificó una sobrecarga procesal.

Soria indicó que los fiscales de género tienen entre 5.000 y 7.000 causas.

Porras precisó que en el caso por el que se juzgó a Soria también actuaron fiscales de primera instancia, quienes debieron ejecutar las acciones por las cuales se le acusa a Soria.

La fiscal rechazó la medida. "Quienes me conocen saben que mis actuaciones han sido y son apegadas a la justicia y al derecho y totalmente transparentes".

Considera que la decisión de tres de los cuatro vocales del CJ (Aquiles Rigail, Marcelo Merlo y Zobeida Arangundi) es "totalmente injusta".

Soria indicó que "a pesar de que hoy me apartan 30 días de varios casos y me quitan el sueldo durante un mes, nada de esto aplaca mi compromiso con la causa justa". La fiscal no descarta luego del tiempo sanción pedir el cambio a otras áreas de investigación.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía rechazó la medida contra Soria y los fiscales Thalía Coronel, Rolando Gualoto y Jorge Arévalo, al considerar que la sanción administrativa carece de una debida motivación, por ende no justifica la suspensión de 30 días.

"Cada uno de los casos que investigan los agentes fiscales mencionados han sido debidamente fundamentados y motivados, por lo cual se han resuelto con base en los elementos existentes en cada causa", indicó la Fiscalía.

A criterio de esta institución, la sanción no considera la carga laboral heredada de años y falta de recursos con que cuenta la institución, como el déficit de personal.

Considera que la resolución del Consejo de la Judicatura "atenta contra la autonomía del sistema judicial, pues las decisiones de los fiscales han sido objeto de control jurídico por parte de los jueces, quienes no han observado situación anómala en las actuaciones fiscales".

COMUNICADO| Fiscalía General del Estado expresa su profundo malestar y rechaza la sanción notificada a agentes de la Fiscalía Provincial de Pichincha. ➡️ https://t.co/L8blxVNrGf pic.twitter.com/CmpzsnRioM

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 25, 2019

La Fiscalía respaldó a los funcionarios en las decisiones "que tomen en el marco de la legalidad e invoca al principio de independencia de funciones".

Para Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, esta funcionaria fue la única que el año pasado realizó impulsos en la desaparición desde 2012.

Soria estuvo también en la investigación del caso Aampetra, en Quito.

Consejo de la Judicatura explica los motivos de la sanción

La tarde de este viernes, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado a través del cual se refirió a la sanción impuesta a cuatro agentes fiscales, entre ellos la fiscal Soria.

Según el documento, Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, advirtió que todas las acciones del organismo se enmarcan en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial que establecen que "el Pleno de la institución tiene competencias para investigar y de ser el caso, sancionar las inconductas de todos los servidores judiciales ejerciendo sus facultades de control, vigilancia,administración y gobierno del sistema judicial".

En esa línea, el Consejo reiteró que la suspensión de 30 días sin remuneración, impuesta a la agente fiscal Mayra Soria, se fundamenta en un informe técnico que determinó que la fiscal "excedió los términos previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el impulso de la investigación previa de un caso relacionado con abuso sexual en el sistema educativo".

La denuncia de ese hecho fue presentada en 2013 y recién, en diciembre de 2017, es decir, tres años cinco meses después, se ordenaron las primeras diligencias y pericias del caso, lo que se configura como una vulneración al derecho a la tutela efectiva y al principio de celeridad, establecidos en el artículo 75 de la Constitución.

El 21 de noviembre de 2017, el Ministerio de Educación presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura y pidió sanciones por la demora en el trámite del caso.

Posteriormente, en noviembre de 2018, la Dirección General del CJ acogió el informe emitido, en mayo del mismo año, por el abogado Pablo Martínez Erazo, exdirector provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario, y recomendó la administrativa disciplinaria prescribiría.. (I)