Dos son las principales leyes que respaldan a la mujer en su lucha contra la violencia de género en Ecuador. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula las sanciones por delitos como violación, femicidio, acoso, agresión física, entre otros. Mientras que la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia establece un sistema nacional para erradicarla de manera interinstitucional. 

En este grupo de trabajo están representantes de 14 instituciones, de la Fiscalía, la Secretaría de Derechos Humanos (antiguo Ministerio de Justicia), entre otras.

A estas normativas se suman las leyes de Consejos de la Igualdad, en donde hay un grupo de trabajo de mujeres, y de Niñez y Adolescencia. Pero que amparan, sobre todo, al núcleo familiar.

La abogada Ana Vera considera que las leyes son las adecuadas, pero advirtió un problema en su aplicación.

Vera precisó que la falta de especialización en género de los operadores de justicia “admite un ambiente de tolerancia para estos delitos” al ser juzgados como contravención.

La especialista puso el ejemplo de casos como los de Eli y Priscila (nombres protegidos) que fueron considerados una contravención y no como tentativa de femicidio.

Priscila, de 14 semanas de embarazo, abortó por los severos golpes que le dio su pareja. Mientras que a Eli su exconviviente le rompió por “celos” la nariz y la quijada contra un inodoro. En el caso de Eli, su agresor solo recibió 60 días de prisión porque se lo catalogó como contravención.

A raíz de los casos de Diana y Martha hubo más denuncias de mujeres. Evelyn fue violada por un taxista en 2018. Su agresor está en libertad.

La abogada cree que el juzgamiento solo se limita a los informes médicos legales (agresiones visibles) sin leer los contextos, “dejando los casos en la impunidad”.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) contabilizó de enero a diciembre 88 femicidios. Desde 2014 hubo 600 casos.

Según la ministra del Interior, María Paula Romo, el 53% son delitos de “violencia social” (femicidio y riñas), mientras que la “violencia criminal” (narcotráfico) solo es el 18%.

Falta de jueces y fiscales

Margarita Carranco, subdirectora de Género del Consejo de la Judicatura (CJ), admitió que faltan jueces y fiscales en las unidades de género. Recordó que en 2018 el Consejo de Participación Ciudadana restó competencias a la entidad, entre ellos los concursos de jueces y fiscales.

Según Carranco, el presupuesto para erradicar la violencia es de $ 6 millones, pero “no se ejecutó”. Ahora hay 94 jueces de género y 33 unidades judiciales. Se estima que se contratarán 142 jueces hasta 2020.

La fiscal Mayra Soria es una de las pocas fiscales especializadas en género. Admitió que tiene de 5.000 a 7.000 causas, lo que constituye una sobrecarga procesal.

Soria cree que los plazos para los jueces se acortan con las acciones por prisión preventiva, prescripción de causas y falta de peritos. La fiscal una vez hizo autogestión (vendió comida) para que la víctima no pagara un proceso de peritaje. El año pasado salieron 60 peritos.

El CJ sancionó con inhabilitación de 30 días el martes 22 de enero a Soria porque, supuestamente, no impulsó un proceso en 2013.

La vocal Angélica Porras fue la única que votó en contra del pleno, porque le pareció “desproporcional” por la carga procesal de Soria.

La fiscal afirmó que hay problemas operativos, como la falta de trabajo interinstitucional en áreas de género. También, dijo, hay conflictos entre normas jurídicas, por los reglamentos que emiten el CJ y la Corte Nacional de Justicia sin socializarlos.

Porras propone que se cree un observatorio de violencia de género.

Los procesos judiciales de Martha, quien fue brutalmente violada por tres hombres y Diana, que fue asesinada en Ibarra, continúan.

Martha, en un mensaje público, dijo que la llena de “esperanza” el apoyo ciudadano a su causa. Este jueves 24 de enero rendirán sus versiones los tres procesados en este caso.

Mientras que Yordi L., autor del femicidio de Diana, regresó a la cárcel de Latacunga, luego de intentar quitarse la vida. Se le hará un examen psicológico. (I)