La jueza de Garantías Penales de Pichincha, Ximena Rodríguez, llamó a juicio a Juan Carlos C., Patricio G., Daniela F. y Paúl V., por el presunto delito de asociación ilícita.  Los ciudadanos formarían parte de una agrupación delictiva dedicada a la estafa ofreciendo viviendas supuestamente como parte del plan “Toda una vida” del Gobierno Nacional.

Para ello se hacían pasar por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Además contaban con sellos y documentos falsos. Según las investigaciones, operaban en sectores de escasos recursos en Quito y pedían dinero para reservar el inmueble.

También mantuvo las medidas cautelares para los procesados, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante Fiscalía.

La fiscal Sandra Velasco presentó, como elementos de convicción, informes sobre el sistema que presuntamente utilizaban los procesados, de los allanamientos efectuados en sus viviendas, donde se decomisaron documentos personales de los afectados; además de los resultados de la triangulación de llamadas y versiones de los perjudicados.

Dato jurídico

El artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece: “cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos serán sancionados con pena privativa de la libertad de menos de cinco años. Cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. (I)