Está previsto que en los próximos días se nombre a los cinco integrantes definitivos del Consejo de la Judicatura (ente rector de la justicia nacional). El organismo transitorio liderado por Marcelo Merlo está en funciones desde el 19 de junio de 2018.

En ese tiempo, el CJ no logró resolver los principales pendientes judiciales del país: concretar el nombramiento de 400 fiscales, evaluar a los jueces de la Corte Nacional y presentar el informe final de la Mesa de  la Verdad y la Justicia: Por los Derechos de los Exjudiciales Destituidos. Esa comisión fue  creada por el pleno del organismo en noviembre de 2018 con el objetivo de conocer e investigar los casos de exservidores judiciales que fueron destituidos de sus cargos durante las administraciones anteriores del CJ.

En rueda de prensa, Merlo explicó que en un informe del Consejo de Participación Ciudadana constan más de 800 casos de jueces que fueron destituidos “por no doblegarse ante la visión perversa de un ciudadano que tuvo la audacia de decir que era el jefe de todas las funciones del Estado”.

Desde su conformación, la Mesa receptó 770 denuncias de jueces, fiscales, secretarios, ayudantes judiciales y notarios que fueron destituidos por error inexcusable, negligencia manifiesta y falta de motivación.

Estas son las tres causas legales por las que un servidor judicial puede ser separado definitivamente de su cargo.

El anterior Consejo, presidido por Gustavo Jalkh, remitió a la Asamblea, en 2017, una propuesta sobre el error inexcusable, que se usó para destituir a jueces.

 Del total de exfuncionarios, 130 jueces, 23 fiscales, 12 secretarios, cinco notarios, un defensor público y un ayudante, fueron destituidos por esa causa, indicó Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa. 

Un informe de la Defensoría Pública señala que el error inexcusable “es una forma de violencia institucionalizada que controla directamente o disuade a los servidores judiciales frente a los intereses políticos del Gobierno”.

Esta entidad impulsa la eliminación de esta figura del Código de la Función Judicial, pues dice que afecta a la independencia. Para el consejero Aquiles Rigaíl, la figura del error inexcusable se generó de manera “perversa” y  fue usada por los anteriores miembros del Consejo de la Judicatura para destituir a jueces que no se sometían a sus órdenes.

Quienes salieron del sistema judicial presentaron impugnaciones que, “8 o 9  años después aún no logran resolverse”, señaló el jurista Hernán Ulloa Ordóñez, quien representa a 150 funcionarios  que perdieron su trabajo.

Ulloa sostiene que es necesario que se busque una salida para que estos jueces sean reivindicados en sus puestos y en otro tipo de resarcimientos debido a esta arbitrariedad. Agregó que los colaboradores destituidos son profesionales de calidad. Con esto coincidió Cadena.

La presidenta de la Mesa por la Verdad y la Justicia aseguró que estos funcionarios fueron separados de sus funciones pese a haber ganado los concursos por sus méritos y experiencia. (I)