Un juez español procesó hoy a 52 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, por formar parte de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que financiaba presuntamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Si bien no cuantificó en su auto el total del dinero blanqueado, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, impuso una fianza total de 48 millones de euros a 50 de los acusados, todos excepto un matrimonio de español y ecuatoriana, cabecillas del grupo, a los que procesó por colaboración con organización terrorista.

Según el juez, la organización, liderada por el matrimonio español, se dedicaba desde 2007 a enviar remesas de dinero procedente del narcotráfico "a través de una extensa red de agentes y agencias colaboradoras" en Colombia y Ecuador.

Los beneficios de sus actividades ilícitas eran retornados a esos países "simulando construir activos de procedencia lícita" e introducidos en el mercado, mientras que una parte de los mismos sirvieron "en alguna ocasión" para financiar a las FARC, agrega el juez.

En total, la organización consiguió enviar remesas por valor de unos doce millones de euros (15,7 millones de dólares).

Se trata de una red "perfectamente estructurada" en la que cada miembro cumplía su función para desarrollar operaciones bancarias de ingreso y cambio, de transferencias a través de agencias de envío de dinero o entidades gestoras.

Entre otras, se cita a Telegiros S.A. y Titanes Telecomunicaciones S.A., contra las que también dirige el magistrado este procedimiento como responsables civiles subsidiarios.

El magistrado precisó que, de la información remitida por la Policía colombiana, uno de los beneficiarios de las transferencias remitidas por la organización fue Juan Manuel Gómez Buitrago, que estaría relacionado con "la masacre de concejales en Rivera".

La Fiscalía General colombiana le relaciona con las FARC y está encausado por varios delitos, entre ellos homicidio y terrorismo.

El juez señala que de todo ello, "se desprende que las FARC o algunos de sus miembros pudieren haber sido destinatarios de parte de estos fondos enviados a Colombia".