Estimados lectores, en estos días un sin número de colegas me ha planteado la necesidad de vivir la real equidad profesional en el sentido mismo que dentro de los concursos de méritos y oposición han exigido requisitos irregulares para acceder a uno de los cupos para defensores públicos que organiza el Consejo de la Judicatura.

Lo señalado destaca en nuestro entorno, como la enorme inquietud que ciudadanos y colegas afiliados a nuestro Colegio de Abogados del Guayas me han presentado, respecto de la tasa que el Consejo de la Judicatura está cobrando a los postulantes como requisito para su participación en el concurso público para la selección de nuevas y nuevos defensores públicos en el país.

Lo señalado me ha generado, además de un profundo asombro, el debido interés de conocer más sobre dicho procedimiento y poder exponer a los miembros del Consejo de la Judicatura, con altura y argumentos suficientes, la debida defensa gremial de nuestra clase profesional, en este hecho inédito en la historia de los concursos públicos para acceder a cargos administrados por el Consejo de la Judicatura.

Revisando el llamamiento al concurso público, encontramos entre sus requisitos la siguiente nota: “Para postularse, los interesados cancelarán $ 150, como tasa de servicio administrativo. Este valor no será reembolsable”.

Este pago previo para acceder al concurso, representa en un gran número de abogados aspirantes, además de un gran impedimento, por lo limitado de sus recursos, una clara violación de derechos, en definitiva una inequidad en el referido concurso público, en el que se coartan los derechos constitucionales y legales de
nuestra clase, frente a la aspiración de acceder a mejores posiciones sociales y profesionales.

Frases como: “Tengo los conocimientos pero no el dinero” o “Es el pago de la tasa o la alimentación de mis hijos”, me lleva a solicitar a los miembros del Consejo de la Judicatura que se revoque el pago de este requisito que atenta a lo señalado en nuestra Constitución, numeral 1 de su artículo 3, que es uno de los deberes del Estado, el garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos, así como en su numeral 6, promover el desarrollo equitativo.

Con el señalado atropello no se estaría ejerciendo la igualdad entre todos los ecuatorianos, cuando por causas económicas a unas personas se les permite participar en un proceso de selección y a otras, a pesar de poseer los conocimientos necesarios, se les impide su constitucional derecho de participación por este tipo de circunstancias.

Por lo expuesto, por este medio, acudo a la autoridad del Dr. Gustavo Jalkh Roben para que, en conocimiento de su alto espíritu humanista, justo, equitativo y por sobre todo legalista, se revisen los requisitos establecidos para la participación de los ciudadanos en este y en cualquier otro concurso público de méritos y oposición que lleve a cargo su representada, para que no se vuelvan a presentar discriminaciones o actos lesivos como el señalado abuso, en perjuicio de nuestros profesionales y de la ciudadanía toda, limitando por razones económicas el constitucional derecho de participación de todos nuestros ciudadanos.

¡Juntos somos invencibles! (O)