El 32,6% de victimización a personas por asalto, robo y hurto corresponde a estudiantes, quienes son los más afectados,  y las personas asaltadas por su incapacidad son el 2,4 %.

Esto, de acuerdo a datos presentados por Augusto Barrera, alcalde metropolitano de Quito, durante una reunión mantenida con 14 miembros de la Policía Nacional.

Barrera señaló que el Municipio, necesita más apoyo de las instancias judiciales para luchar contra la delincuencia, recalcó que la estructura del sistema de justicia es necesaria, ya que no es posible que una persona pueda tener más de diez detenciones en un año, lo que según el burgomaestre evidencia la poca probidad de quienes administran justicia, dejando en libertad a quienes constantemente cometen delitos.

Barrera también señaló que aunque la estructura militar no suple las capacidades de la Policía y sus sistemas de investigación y desarme de bandas delictivas, no se descarta la posibilidad de volver a colocar a las fuerzas militares en las calles, como factor de disuasión para los delincuentes.

El coronel Edmundo Moncayo, Jefe del Distrito Metropolitano de Quito, explicó que uno de los sectores más afectados por el robo es aquel de los trabajos o negocios, que se ubica en el 25,5%.

De la misma manera se señalaron los delitos de compra y venta de celulares dentro del mercado delictivo. El alcalde explicó que a pesar de cerrar varios lugares con mercadería de procedencia desconocida, a los pocos días, a través de artimañas judiciales,  los dueños logran cambiar la razón social de los locales clausurados y mediante recursos de amparo, bares, discotecas y cachinerías reabren.

En el marco de esta reunión también se mencionó que la tasa de homicidios ha disminuido; de 24 registrados en el 2010, se registran 20 durante este año.

Para el analista de seguridad Ricardo Camacho, Latinoamérica en general sufre oleadas de inseguridad por factores como el desempleo.

El crimen organizado está presente en el país,  señala Camacho, quien aclara que el  Ecuador al igual que otros países no se encuentran preparados para combatirlo, es decir no existe una política de Estado que dirija sus acciones para combatir el crimen organizado.

Frente a la presencia de militares en las calles, Ricardo Camacho señala que desde el año 1979 hasta el 2011 durante 25 ocasiones los militares han salido a las calles y no se ha obtenido los resultados esperados en cada gobierno.

Camacho señala como acertada la decisión de compra de información para capturar a los más buscados. Recalcó que si bien es cierto que alrededor de 40.000 miembros policiales llevan su uniforme con lealtad, trabajan y resguardan a la ciudadanía exponiendo sus vidas, también existen malos elementos que deberían salir de la institución.

Camacho explica que estos malos elementos manejan información privilegiada que comparten con bandas delictivas. El analista en seguridad señala que actualmente se vive la llamada “ola verde”, que significa la compra de personas en cualquier institución por parte del crimen organizado.

A esto, Camacho menciona que el Gobierno puede hacer uso del “Decreto de Discrecionalidad”, el mismo que le permitiría sacar a los malos elementos que entorpecen el trabajo de inteligencia y operacional de la Policía.