La última intervención por tierra y aire de la Policía, Secretaría Técnica de Drogas (Seted) y Gobernación del Guayas no surtió el efecto esperado en la lucha contra el microtráfico y la delincuencia en la ciudadela Socio Vivienda II, noreste de Guayaquil.

Olga (nombre protegido) denunció que durante la intervención policial, a pocos pasos del parque central, una turba de presuntos microtraficantes y asaltantes que habitan en la urbanización llegaron hasta su casa para agredirla verbalmente, amenazarla de muerte y lanzarle piedras. “Ellos se creen dueños de la ciudadela y me acusan de haberlos delatado con la Policía”, mencionó la mujer, quien vive en el sector desde hace cuatro años con su esposo y sus cuatro hijos.

La ciudadana formó parte de una comitiva de 13 dirigentes barriales de la zona que el 28 de marzo acudió a la Gobernación de Guayas a denunciar el alto índice delictivo del sector compuesto por 16 manzanas.

En un breve recorrido por la ciudadela, la semana pasada, se corroboró el consumo libre de drogas en las calles vehiculares y peatonales del lugar. Alrededor de las 15:30 del miércoles, a pocos pasos de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), dos muchachos, entre 17 y 19 años de edad, consumían sustancias prohibidas.

Segundos después, ante la presencia de una fotógrafa de un diario de la ciudad, un hombre y una mujer rumoraron amenazas contra la prensa. “Qué hacen estos sapos aquí. Ya mismo que le pego por andar tomando fotos”, vociferó la moradora que estaba en una esquina.

Transcurrió media hora y otra amenaza se dio hacia una familia que posee una tienda en la urbanización, frente al mismo habitáculo policial. Un niño y su padre se acercaron al negocio y exigieron en tono amenazante que querían la devolución del dinero por la compra de un artículo. El individuo aducía que el niño había entregado un dólar por la compra de un peine y no le habían dado el vuelto.

“Estas personas operan de esta manera. Compran, usan el artículo y luego vienen a devolverlo exigiendo un vuelto inexistente”, expresó el asustado propietario de la tienda.

Los camiones repartidores de productos son resguardados por la Policía motorizada desde que ingresan hasta que salen de la urbanización popular.

Los problemas de inseguridad en el sector son reconocidos por Max Delgado, director de la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), entidad que mantiene su intervención en la zona.

La autoridad recordó que entre enero de 2016 y marzo de 2017 se han capacitado en prevención de drogas a 5.600 padres de familia. “Pero siempre hay trabajo que hacer y estamos dando la cara”.

El funcionario anunció que se estructurará un Consejo Ciudadano, conformado por moradores de la zona comprometidos con el bienestar de sus vecinos, usando el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 y el Sistema David, herramientas que permiten a las autoridades tener radiografías completas de los territorios con problemas. “Vamos a cristalizar acciones que tienen relación con tres ejes de trabajo: seguridad, atención ante el consumo y la prevención de delito”.

 El gobernador de Guayas, Luis Monge, quien la semana pasada se reunió con moradores de Socio Vivienda II, ratificó que 18 motos policiales recorrerán la zona ininterrumpidamente para brindar seguridad a los habitantes y a los carros repartidores de productos que circulan por la ciudadela.

Además reveló que agentes encubiertos trabajarán en la ciudadela. “Juntos vamos a recuperar la tranquilidad de Socio Vivienda.  Trabajamos en un plan de seguridad integral en beneficio de todos”. (I)