A inicios de agosto una curiosa fotografía apareció en las redes sociales. Se trataba de un cartel en el que se leía la frase: “Ratero, nosotros no llamamos a la comisaría, te vamos a linchar.” Casi un mes después esa imagen ha generado una inusitada agitación popular en Perú, a tal punto que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana han tenido que salir constantemente a pedir a sus compatriotas que dejen de lado la idea de hacer justicia por mano propia.

Colocado en la ciudad de Huancayo, el cartel tuvo como objetivo principal, según Cecilia García Rodríguez, impulsadora de la idea, crear un efecto ‘disuasivo’ para que los ladrones supieran el terreno en el que estaban pisando.

Las justificaciones que ella ha mencionado son un lugar común cuando se trata de hablar sobre la inseguridad ciudadana en este país. La frustración creciente por la inacción policial, el hartazgo por la impunidad que se comete en los procesos judiciales, y la falta de un plan claro que, desde el Estado, asuma este problema de manera frontal, son vistos como los principales escollos a salvar en busca de solucionar este malestar social. 

‘Chapa a tu choro’

García Rodríguez, consciente de la acogida que esta imagen tuvo entre los internautas de Perú, decidió crear una página de Facebook titulada ‘Chapa a tu choro’, expresión local que alienta a la comunidad a arrestar al ladrón que sea sorprendido infraganti en algún delito y darle un escarmiento por ello.

Pronto esa frase se viralizó en las redes dando como resultado la creación de decenas de páginas similares, en distintos sectores del país, en los que la frase fue sumando muestras de ira e impotencia, hasta transformarse en una sentencia de daño colectivo desmedido: ‘Chapa a tu choro y déjalo paralítico’.

Entre 2000 y 2012 dos de cada tres denuncias reportadas en las comisarías de policía peruana obedecieron a delitos en contra del patrimonio. Entre ellas, los robos mediante el uso de la violencia han incrementado con el tiempo, pasando del 34,8% al 45% en esos doce años.

Eso ha hecho que en América Latina, una región donde el promedio de victimización por violencia se inscribe en 17%, Perú se encuentre a la cabeza de los países en los que más robos soportan sus ciudadanos.

Los videos y las fotografías de la población ajusticiando a ladrones no han tardado en aparecer en esas páginas y en circular en el internet.

Desconfianza en autoridades

Golpes, insultos y frases que demuestran la crisis de las instituciones llamadas a garantizar justicia y seguridad forman el paisaje de ese contenido. “¿Por qué no llaman a la policía?”, le pregunta una periodista a la masa enfurecida en uno de esos videos. “Porque enseguida les sueltan a los ladrones, pagan un soborno y enseguida les sueltan, ahora, aquí, van a ver que andar robando no deja nada bueno”.

Tras la inquietud desatada por las decenas de imágenes que muestran a las comunidades en acción, la respuesta del Estado ha sido retórica.

José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior, encargado de la tarea policial, salió a defender el accionar de los efectivos aduciendo que se trata de una fuerza entrenada y equipada para llamar a la calma social.

A su turno, los representantes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, entes rectores de la administración de las leyes en el vecino país, hicieron llamados para que la población no participe en estos actos pues, según argumentaron, la justicia contempla formas legales de castigar a los ladrones.

Crisis institucional

Las razones para no creer en esos discursos abundan. En Perú los policías representan en carne propia la crisis de institucionalidad que sacude a todo el Estado: un reducido número de efectivos, materiales como balas o gas pimienta que deben ser comprados con el dinero de cada uno, jornadas de trabajo que los obligan a alquilar sus servicios como guardias privados; un panorama desolador capaz de ser permeado por la inacción y la corrupción.

El Poder Judicial es visto como la institución más ineficiente del Perú. Un 81,2% de la población lo confirma. En lo que va del año, por investigaciones de corrupción se han destituido 11 jueces, 15 jueces de paz y 22 trabajadores judiciales, involucrados, entre otros, en la ejecución de órdenes de libertad a ladrones sin las debidas justificaciones legales.

Esas fisuras en las que el sistema demuestra su falla han sido atravesadas por la acción colectiva que encuentra en el uso de la fuerza la mejor manera de procurar seguridad.

Un estado de ansiedad que activa la búsqueda de alivio ante cualquier agresión, o, lo que es peor, la violencia como forma de evitar cualquier agresión.

La llamada justicia popular disuelve, en la turba iracunda, la razón social del individuo, colocándolo en la posición de victimario sin nombre ni rostro conocido.

De acuerdo con el artículo 260 del Código de Proceso Penal, en Perú rige la figura de “arresto ciudadano” mediante la que cualquier persona puede tomar preso a un ladrón en cometimiento flagrante del delito. Una vez hecho esto, la persona está en la obligación de entregarlo a la policía.

Iniciativas como ‘Chapa tu choro’ plantea cortar esta cadena de justicia y juzgar el comportamiento de acuerdo a la ‘ley del talión’.

Pero el ‘ojo por ojo y diente por diente’ en una sociedad convulsionada por la ausencia de medidas orientadoras de la seguridad y la justicia, no deja de asemejarse a una bomba de tiempo, capaz de echar a volar una de las bases que garantiza la civilización: el respeto al otro, la obediencia a la ley. (I)