El próximo 1 de octubre se cumplirá un año de la prisión preventiva dictada en contra de los 9 imputados por crímenes de lesa humanidad, el primer caso judicializado en Ecuador bajo esta tipificación.

Según el artículo 536, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el caso de la prisión preventiva, esta se revocará por caducidad cuando se cumpla un año sin que haya sentencia.

El proceso avanzó hasta el auto de llamamiento a juicio, no se ha logrado convocar a una audiencia de juzgamiento, porque los sindicados interpusieron recursos de ampliación, aclaración y nulidad.

Esta semana, después de los argumentos y alegatos de los abogados defensores de 8 imputados, así como del fiscal Galo Chiriboga, el juez ponente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Vicente Robalino, decidió instalar la audiencia el próximo 24 de septiembre, en la que dictará su veredicto.

De la resolución del juez Robalino depende la situación judicial de los 9 imputados, si se confirma o no el recurso de nulidad al llamamiento a juicio. Sin embargo, a partir de esa fecha quedarían 6 días para que se convoque la audiencia de juzgamiento, pero antes debe enviarse el caso a la sala de sorteos para que se designe al tribunal y disponga la fecha para juicio.

Todo ese trámite podrá efectuarse hasta el 1 de octubre que caducará la prisión preventiva. Esta situación preocupa principalmente a las víctimas de lesa humanidad, porque con la caducidad de la prisión preventiva automáticamente estarían libres los militares, ya que no se logró llegar a una sentencia.

No obstante, el fiscal Chiriboga considera que “es un derecho que tienen los sindicados, pero el proceso continuará”.

Juan Pablo Albán, abogado de las víctimas Susana Cajas y Luis Vaca, explicó que en el caso de los imputados Fernando R., médico militar; y,  el excomandante de Policía Édgar V., que tienen orden de prisión preventiva, no aplica la caducidad, ya que se encuentran prófugos, “una vez que sean detenidos empezará el tiempo señalado por la ley”.

Pero tendrán que ser levantadas las medidas de arresto domiciliario y prohibición de salida del país de los demás procesados: exgeneral Luis P., exministro de Defensa; exgeneral Jorge A., exministro de Defensa; exgeneral Manuel D., exdirector de Inteligencia; excoronel Juan V., excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AEIM) de Conocoto; excoronel Mario A., exdirector del AEIM; excoronel Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia Quito (SIQ); exgeneral Guillermo R., exdirector del SIQ.

“Esto me inquieta porque no hay garantía de que los sospechosos se vayan a presentar al juicio, lo importante en este caso es que la justicia se pronuncie”, mencionó Luis Vaca.

Susana Cajas también comparte ese sentimiento, “el proceso se ha extendido demasiado, nuestra esperanza es que el caso llegue al final para que este tipo de hechos nunca más vuelva a suceder y quienes somos víctimas y la sociedad podamos esclarecer la verdad”.

Antecedentes

En noviembre de 1985, Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca fueron arrestados por militares en Esmeraldas, sin una orden judicial. Fueron trasladados al ‘Batallón de Inteligencia Militar’, ubicado en Conocoto, Pichincha.

A pesar de que las autoridades negaban que los detuvieron, se comprobó que sí lo hicieron. Cajas y Jarrín estuvieron arrestados 15 días, tiempo en el cual recibieron torturas físicas, sicológicas y sexuales. Luego fueron liberados, según consta en el expediente fiscal.

Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante 3 años más. Eliminaron su registro de filiación del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.

El proceso se inició el 1 de octubre de 2013 en la Sala Penal de la CNJ, por desaparición forzosa, violencia sexual y detención ilegal. La jueza Lucy Blacio llamó a juicio a 9 imputados en marzo de 2014.