La participación de  agentes policiales  en actos ilícitos es nuevamente el centro de atención de las autoridades de control. A las 10:30 de ayer, en rueda de prensa realizada en la Policía Judicial del Guayas, el coronel Ramiro Mantilla, jefe del Distrito Metropolitano de Guayaquil, dio a conocer que un  miembro activo de la institución fue capturado por estar   involucrado con una banda de “sacapintas”.

Se trata de Manuel Alberto Medina Rosales, quien fue detenido (junto con otros 8 sospechosos) por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas luego de un operativo ejecutado en una zona bancaria del suroeste de la ciudad.  “El (agente) conducía su vehículo Chevrolet Corsa  en el que estaban  otros tres delincuentes. Según  el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, esta es una falta, ya que la norma establece que si el uniformado tiene amistad con personas con antecedentes delictivos, puede ser separado de la institución”, acotó el oficial  Mantilla.

La detención del gendarme  se  dio en  las calles 17 y Capitán Nájera durante una operación policial desarrollada en las zonas cercanas al Banco Pichincha, en las calles Ayacucho y la Décima,  y a    la Cooperativa Nacional, de la  14 y Medardo Ángel Silva.   

Este es solo uno más del sinnúmero de casos que  la institución del orden reporta cada año. Según la estadísticas, un total de  610 bajas por Tribunal de Disciplina y 179 por mala conducta profesional se resolvieron  desde 2006 a la fecha,  periodo en el que la cifra fue disminuyendo paulatinamente.

En 2006 se registraron 176, en 2007 fueron 172, en 2008 bajó a 133, en 2009 solamente 65 y en 2010 llegó a 56. En lo que va de este año se han contabilizado solamente 8 bajas.

El Inspector General de la Policía,  Nelson Arguello, está “convencido” de que las acciones disciplinarias que la institución ha tomado motivaron esta situación.    “Las bajas hacen que el personal se cuide mucho más y su comportamiento sea más profesional”, señaló el oficial, quien indicó que mientras se ventilan los procesos disciplinarios, administrativos y penales, los implicados no  prestan sus servicios.

De acuerdo con la legislación policial, tienen 60 días para presentar sus pruebas de descargo dentro del debido proceso. Para ello requieren de un abogado patrocinador.

Del juzgamiento interno se ocupan los tres Consejos existentes. Para los oficiales superiores hay el Consejo de generales, para los oficiales subalternos el Consejo superior y para los clases y policías el Consejo de clases y policías.

En el caso del pasado 6 de abril, el subteniente Cristian Vera Estupiñán, que laboraba en la Policía Judicial del Guayas (PJ-G), participó en el robo de $ 32.300 de un almacén de plásticos ubicado en el sur de Quito.

Ante este delito, la Inspectoría elaboró un informe para que ingrese a una calificación de conducta profesional para determinar el futuro profesional del policía. La baja del agente es una opción, pero deben esperar la resolución final, dijo el inspector Arguello.

La sanción administrativa o disciplinaria implica que, al margen de la sanción penal que pudieran recibir los implicados, la institución también realiza un trámite que igualmente les puede significar la salida de las filas policiales.

Las sanciones dentro de la Policía, además, pueden provocar que la carrera del procesado se perjudique, lo cual redundaría en que no ascienda con el resto de sus compañeros.

Esto se pudo evidenciar en los procesos iniciados en el caso 30-S. En total 1.086 sanciones fueron determinadas para los uniformados  que participaron, directa o indirectamente, el pasado 30 de septiembre durante la revuelta suscitada en el Regimiento Quito Nº 1 y la Asamblea Nacional.

Arguello dijo que de ese total, 907 policías fueron sancionados administrativamente y 179 están en procesos de calificación.

De las 907 sanciones administrativas, 50 fueron para los jefes, 56 para los oficiales subalternos y 801 para clases y policías. En tanto que el número de  procesados por rebelión llegó a 175.

“La Policía reaccionó con  responsabilidad para que sus miembros entiendan que los hechos ocurridos  no deben ocurrir jamás ya que ese día rebasó toda lógica de  comportamiento”, finalizó el oficial.