Expertos de Perú, Ecuador, Brasil y Reino Unido analizaron la trata de personas y el tráfico de migrantes en América Latina, en el marco del seminario binacional ‘Ecuador-Perú. Trata de personas, tráfico de migrantes y niñez: miradas críticas y respuestas articuladas’ desarrollado y organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la organización internacional Save the Children Ecuador-Perú, y el Observatorio Latinoamericano sobre Trata de Personas Capítulo Ecuador.  

En Ecuador se aplica un plan para combatir la trata y tráfico de personas desde 2006, el cual se refuerza mediante la prevención desde los diferentes ámbitos, a través de las redes sociales, vídeos, actividades artísticas, charlas, entre otras actividades, dice Karina Argüello, subsecretaria de Seguridad Interna.

En cuanto a la protección de la víctima, la investigación realizada por el Ministerio del Interior, Migración, Unidad de Trata de la Policía Nacional, ha permitido desarrollar acciones policiales para desarticular organizaciones delictivas y para rescatar personas.

201 personas detenidas

Desde 2012, hasta el primer trimestre de 2016, las autoridades detuvieron a 201 personas por ser partícipes de estos delitos, además, rescataron a 546 individuos. Quienes cometen este delito “buscan a personas de escasos recursos, las engañan. Para conseguir el consentimiento de la víctima, les ofrecen falsos trabajos, ciertas comodidades, para luego llevarlas a efectuar actividades como explotación sexual, y laboral, mendicidad, y matrimonio servil”, indica Argüello.

Con ese criterio coincide Carmen Rodríguez, representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Ella explica que la trata se efectúa sin el consentimiento de la víctima, con la amenaza e incluso con el uso de la fuerza. “No se descartan otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el abuso de poder o la situación de vulnerabilidad de la víctima”.

Soledad Álvarez, del King’s College de Londres, menciona que “la trata se produce cuando una persona de manera no voluntaria ha sido capturada para explotación laboral, sexual, mendicidad”. Este delito se caracteriza por su clandestinidad, porque conlleva una sucesión de actos, desde la captación de la persona, su traslado hacia otra localidad y su explotación, detalla Claudio Bonatto, coordinador de programas de protección de Save the Children. “En el caso de Perú y Ecuador son países vecinos donde la realidad de la frontera tiene características particulares, en la que se ve reflejado este delito”, expresa Bonatto.

En esta línea, para el 22 de julio está prevista la reinstalación de la audiencia de juicio contra Julio C., presunto cabecilla de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, quien fue detenido en en el operativo ‘Libertad’.

Entre 2013 y 2014, el grupo de Julio C. captó a jóvenes de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, a través de la seducción, engaños y amenazas, según la Fiscalía. En los casos de jóvenes menores de 17 años, aumentaban su edad con documentos de identidad falsos. Posteriormente, las trasladaban a Perú por vía terrestre, pasando por el control migratorio de Huaquillas. Al llegar a Lima, las chicas eran acogidas en hostales y explotadas en varios centros de tolerancia.

Sobre las acciones en Perú, el representante de ese país, Ricardo Valdés, refiere que el Estado ha aplicado una política a favor de los grupos más vulnerables. Ha emitido normas, reglamentos y protocolos. Reconoce que “hay lugares donde no se ha trabajado mucho en esta materia, por ejemplo en las zonas indígenas, mientras que se ha dado más atención a los sitios de mejor condición económica”. (I)