Carmen (nombre protegido) está preocupada. Su hijo Miguel lleva interno un año en el Centro Regional de Rehabilitación Social de Latacunga.

La  mujer cuenta que en la celda en donde se halla recluido su hijo están seis internos más, incluso señala que algunos venden drogas a otros privados de libertad. “De allí salen peor, no es verdad que se rehabilitan”, dice.

Además explica que en ese centro, que fue inaugurado en la administración del expresidente Rafael Correa, no tienen agua y que incluso sus necesidades biológicas las realizan en fundas plásticas.

María (nombre protegido), indica que dentro del centro de rehabilitación regional del Guayas, hay mafias que chantajean a los privados de la libertad.

A su hermano, que lleva recluido tres años, le piden otros internos entre $ 100 y $ 200 a cambio de no hacerle daño. “Me llama llorando y me suplica que le deposite el dinero”, cuenta.

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, reconoce el problema. Afirma que la declaratoria de emergencia es fundamental porque el “sistema colapsa”.

Para afrontar la situación, Pazmiño sostiene que se necesita $ 25 millones de manera inmediata. A su criterio la intervención debe realizarse en tres ejes: infraestructura, seguridad y reducción del hacinamiento.

Precisa que hay 41.000 personas privadas de libertad (PPL), pero la capacidad de los centros es solo para 25 mil, por ello el hacinamiento alcanza el 42%.

Para reducir estos índices, el director del Servicio Nacional apuesta por la construcción de  talleres laborales de metalmecánica, zapatería y sastrería, así como de aulas educativas.

Pero también el funcionario piensa en un proyecto de rebajas de pena por méritos, algo similar al sistema 2x1, en donde, por ejemplo, por cada dos días de estudios que realice el reo y tenga las mejores calificaciones le rebajaría un día de su pena.

Pero este no es el único problema, por ejemplo, en el centro regional de Latacunga no hay agua y las cámaras de seguridad y de escaneo no funcionan.

Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social, cree que los actuales centros de rehabilitación son “elefantes blancos sin planificación  técnica adecuada”. Considera que no hay protocolos claros.

Violencia crece en las cárceles
Ocho privados de la libertad han muerto desde enero de este año dentro del sistema carcelario del país.

El último deceso se registró el domingo en el Centro de Rehabilitación de Turi (Cuenca), en donde en el pabellón Tomebamba, de máxima seguridad, siete reos agredieron a Santiago U.

La Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) intentó controlar el problema con armas no letales como el equipo antidisturbios y granadas de gas lacrimógeno.

A consecuencia de este enfrentamiento el colombiano Andrés V. murió presuntamente por el impacto de una bomba lacrimógena. Santiago U., quien cumple una sentencia de 16 años por doble delito, está hospitalizado con pronóstico reservado.

Al interno Víctor J., uno de los agresores, se lo procesa por tentativa de asesinato con arma blanca. Mientras que el policía  Byron A., quien disparó la bomba,  está en la unidad de aislamiento del Complejo Judicial, hasta la audiencia respectiva.

Pazmiño cree que el modelo de rehabilitación social no está funcionando. “Sí hay más violencia en las cárceles,  porque no está funcionando el sistema”.

A su criterio con la declaratoria de emergencia se atacará a los procesos de rehabilitación social del país.

Camacho estima que en las cárceles se debería crear un grupo de agentes de tratamiento penitenciario.

Autoridades del Gobierno se reunieron ayer para analizar la situación carcelaria.

Según el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, la declaratoria de emergencia avanza.

Anunció que el personal de las Fuerzas Armadas se encargará de la seguridad en los exteriores de los centros de rehabilitación.

Pazmiño cree que con esa decisión se evitará el ingreso de armas a los centros carcelarios del país. Los militares custodiarán el perímetro exterior de las cárceles. (I)