La fiscal general Diana Salazar sustentó su acusación contra los 24 procesados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, con más de 600 elementos de convicción.

De estos elementos o indicios recopilados en los aproximadamente cuatro meses de investigación, 21 son contra el expresidente de la República Rafael C. Entre ellos se encuentran correos electrónicos, versiones, informes y documentos sobre un depósito por $ 6.000 en la cuenta personal del exmandatario en el Banco Pacífico.

Según la indagación, el dinero fue producto de los presuntos “aportes voluntarios” de empresarios contratistas con el Estado para las campañas políticas de Alianza PAIS, en el gobierno anterior.

Además constan informes periciales sobre montos destinados para festejar el cumpleaños del expresidente y pagar movilización de una aeronave, tarimas y otros de un evento proselitista en Portoviejo. También la información recopilada de los archivos denominados “Arroz Verde”, que están relacionados con Rafael C.

Contra el exvicepresidente Jorge G., la Fiscal presentó 19 elementos, algunos de los cuales están relacionados con gestiones para que empresas contratistas con el Estado entreguen sus aportes.

Para acusar al exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis M., la Fiscal presentó 25 indicios, y contra la exministra María de los Ángeles D., 28.

En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, que se cumplió este viernes 15 de noviembre, la Fiscal concluyó la enumeración de los indicios que inició con las diligencias del lunes y que continuó el martes 12 de noviembre de 2019. Estos consisten en pericias informáticas a archivos y correos, informes técnicos de audio y video.

Asimismo, materialización de información, memorandos de instituciones públicas, análisis financieros, y versiones de proveedores y procesados. También, oficios de la Presidencia de la República, informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), peritajes de contratos de obras públicas, etc.  

Marcelo Dueñas, abogado del exasambleísta Christian V., cuestionó la forma como la fiscal Salazar ha presentado estos indicios. “No ha dado cumplimiento al numeral 3 del artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, que le obliga a detallar, a precisar, de qué manera los procesados han participado en uno u otro delito”, dijo.

Aseguró que lo que se ha hecho solamente es enumerar muy rápidamente lo que tiene para acusar. “Aquí se siguen violando procedimientos y los derechos y garantías constitucionales del debido proceso”, remarcó.

Criterio similar fue el expuesto por el abogado Calixto Vallejo, defensor de Viviana B. “La Fiscalía no cumple con el deber de individualizar la conducta”.

Consideró que es ilegal que a todos los procesados los acuse sin detallar la participación de cada uno en el hecho concreto, lo que parece indicar que no hay un proceso imparcial.

Según la Fiscal General, en este caso se ha evidenciado la conformación de una estructura con roles identificados, con líderes que tenían un nivel de mando en la organización. Las disposiciones de los superiores tenían que ser cumplidas por quienes estaban como coordinadores.   

Salazar insiste en que se ha dado cuenta de la existencia de una “estructura criminal” conformada por funcionarios públicos como por empresarios o personas naturales privadas. Asegura que el objetivo de esta estructura era la entrega del dinero a cambio de ser beneficiarios de contratos del Estado. (I)