El abuso  en contra de menores de edad ha dejado    rastros significativos   en el país.  Según un reporte de  la   Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen),    en dos años y medio (entre 2008 y junio de 2010) 1.547 infantes estuvieron inmersos en diversos actos   que afectaban su integridad.  

La mendicidad  y la explotación sexual se ubican entre las principales actividades a las que fueron obligados a participar. En el primero se  reportaron 1.370 víctimas, mientras que en el segundo 74.

Un reporte de la Dinapen también revela     el reclutamiento de menores por parte de adultos con fines delictivos (14 casos).   

Ante esta  realidad,  las autoridades vinculadas a la protección de los niños y adolescentes mantienen reuniones para determinar nuevas estrategias que permitan brindar un mejor  tratamiento a las víctimas de esta realidad.

La viceprefecta del Guayas, Luzmila Nicolalde, quien participó en el foro desarrollado ayer en las instalaciones de la Fiscalía del Guayas, indicó que  con la reunión se busca    intercambiar criterios para enfrentar a la ola maligna que afecta a los menores. “Cada día somos testigos de las atrocidades que se cometen... no podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Ecuador”, detalló la funcionaria.

Dijo que para que ofrecer ayuda adecuada a los jóvenes es necesario tener el número de  juzgados adecuado que permita  atender de mejor manera cada caso. “No siempre los procesos tienen buenos resultados... pero hay jueces y fiscales que luchan por hacer justicia...  Vamos a pedirle al Ministro de Justicia que por favor designe más juzgados de la Niñez en la provincia del Guayas debido a que estas judicaturas están concentradas en una zona, mientras que  en otras no existen”, indicó.

Luis Coyate, subjefe de la Dinapen en la provincia del Guayas, dijo que como autoridades de control se han tomado las medidas necesarias para identificar las mafias dedicadas a la explotación infantil en sus diferentes ámbitos.

El oficial consideró, además,   que mientras los  representantes de las entidades encargadas de brindar protección a los menores estén en frecuente diálogo se podrán aplicar mejores procesos en pro de este grupo vulnerable.

Piden apoyo a la ciudadanía

Similar opinión tiene   Yanina Villagómez, fiscal de Delitos Sexuales de Guayas, quien acotó que para erradicar el problema  de explotación y trata de menores es necesario unir esfuerzos, tanto por parte de las autoridades de control como de la comunidad.

La Fiscal destacó la necesidad de que la ciudadanía apoye denunciando cada caso de abuso que sea identificado en su entorno.

Dijo que con esta postura social se evitará que muchos jóvenes continúen  siendo víctimas u otras caigan en similares actividades ilícitas que ponen en riesgo su vida.

Uno de estos casos es el de Vilma Castro, quien el 13 de agosto de 2005 abordó  una embarcación en la que le propusieron viajar hacia los Estados Unidos en calidad de migrante.

Ella contó  que en su experiencia con los “coyoteros” tuvo que subirse a un pequeña nave con 103 personas, la cual no soportó el peso y se volteó en alta mar. Aunque sobrevivió a la tragedia, dijo que no volvería a realizar igual travesía debido a que casi le cuesta la vida.