Los testimonios anticipados las personas vinculadas en un caso de corrupción por la construcción de un hospital en Pedernales (Manabí) evidenciaron una modalidad de manejo de influencias dentro de instituciones públicas y privadas.

Así lo concluye el testimonio del exasambleísta Daniel Mendoza, quien ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aseguró que dentro de la Asamblea Nacional hay un "modus operandi" para la repartición de "cuotas de poder" (cargos).

Aseguró que antes de las reuniones de bloque era común abordar estos temas para "garantizar votaciones orgánicas y unidad de bloque".

La modalidad de "reparto", dijo, se realizaba a través de un asesor que hacía de puente entre los legisladores. Mencionó como ejemplo a Paúl Granda, cuando estaba en la Secretaría de la Política; su asesor era Andrés Bejarano.

También refirió a la ministra María Paula Romo y que ese trabajo se encargó Fausto Holguín. "Lo que hacían era recoger las peticiones y procesarlas", aseguró.

Mendoza refirió que esa misma modalidad se manejó en el tema de los hospitales. Indicó que los nombres se receptaban por parte de proveedores de insumos médicos, que también debían cancelar un valor económico "que el proveedor ofrece a quien va a estar a cargo de este espacio político".

En su declaración el exlegislador también reconoció que su organización política denominada "Mejor en Manabí" recibió $ 200.000 de coimas por contratos en el sector público.

La versión de Franklin Calderón, vinculado en el caso, también dejó en claro la entrega de dinero en esta trama de corrupción.

Calderón, quien fue contratista de la obra del hospital y que tiene a su haber juicios por coactivas, fue conocido como "El Banquero" por la entrega de dinero que realizó a varios funcionarios.

En su versión, mencionó que el 12 de marzo de 2020 viajó a Quito para entregar $ 360.000 en efectivo; la suma se dividió en cuatro partes para cuatro asambleístas: $ 90.000 para los legisladores Raúl Tello, Washington Paredes; María Mercedes Cuesta y Franco Romero.

Después viajó a Guayaquil en donde entregó $ 320.000 a un delegado del exasambleísta Eliseo Azuero y Jorge Jalil, subdirector del Servicio de Contratación de Obras, en ese entonces.

Al mes siguiente, transfirió $ 185.000 a la empresa Mercampar, también relacionada con Jalil.

La última entrega se llevó a cabo entre el 17 y 18 de abril en la vivienda de Jalil, donde dio en efectivo $ 280.000. A finales de ese mes entregó otros $ 80.000 en la casa del padre del exlegislador Daniel Mendoza.

La declaración de Calderón culminó mencionando que Daniel Mendoza tenía la intención para fortalecer su movimiento político.

Reacción sobre las versiones

En declaraciones efectuadas en el Palacio de Carondelet, María Paula Romo, ministra de Gobierno, respondió a las versiones de Mendoza. Aseguró que no sostuvo conversaciones por intercambio de obras, de favores o de dinero.

Reconoció que ha tenido reuniones con los asambleístas de todas las bancas, pero esos encuentros se han realizado como parte de sus funciones. "Me he reunido con asambleísta de todas las bancadas, representantes, uno por uno, con los alcaldes, con los prefectos", dijo y mencionó que si conversó con sujetos que cometieron delitos, deben responder por ello.

La asambleísta María Mercedes Cuesta, a través de su cuenta de Twitter, también se pronunció sobre las versiones de Calderón. Aseguró que no lo conoce y desvirtuó esas declaraciones. "Es absolutamente falso que yo haya recibido dinero alguno proveniente de actos de corrupción en los que él y otros legisladores, presuntamente, habrían estado involucrados", expresó.

El exsecretario de la Política, Paúl Granda también se pronunció sobre el hecho. En declaraciones a Ecuavisa señaló que durante su gestión jamás permitió una irregularidad o ilícito. (I)