Daniel Santos Barros  no recuerda casi nada de su pasado. Su memoria no es la misma desde que tuvo un  accidente de tránsito -en octubre de 2006- en el que perdió inmediatamente el conocimiento.

Esa noche, aproximadamente a las 20:50, fue ingresado al área de emergencia del Hospital Guayaquil con   graves heridas en su cuerpo. “Todo se registró al pie de mi casa. Desde la parte alta (en el segundo piso de la vivienda ubicada en Capitán Nájera y  Coronel) vi como el vehículo lo impactó y ocasionó que mi tío fuera  impulsado unos cinco metros a la calzada, dejándolo boca abajo inconsciente”, comentó  la sobrina de la víctima,  Sandra Garzón. “Lo único que recuerda (él) al despertar    es que los doctores le dijeron que estaba muy grave y que le tenían que cortar la pierna”, detalló.

Aunque eso no ocurrió debido a la oportuna intervención de los médicos,  las heridas en sus  piernas no le permiten actualmente caminar.

Desde ese día, Santos no solo    enfrenta  lo que es estar postrado en una silla de ruedas, ya  que -en su condición de víctima- ha tenido que soportar un largo proceso judicial (más de 4 años) para    obtener una sentencia  contra su agresor, quien   conducía en estado etílico en el momento del accidente.

El acusado  en este caso es Carlos Alberto Vera Briones, quien para ser   condenado  a  18 meses de prisión  (emitida la semana pasada) se convocaron 17 audiencias, de las cuales 16 fueron declaradas fallidas. “Aquí ha faltado el médico legista y hasta el juez se ausentó en una ocasión”, puntualizó el familiar del afectado.

Similares casos se repiten con   frecuencia en los juzgados de Tránsito del Guayas. Así lo demuestran las estadísticas que maneja la Unidad de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía, las cuales revelan que entre enero y marzo se realizaron solo 55 diligencias de este tipo (el 7% de las 800 convocadas).

Mientras que en el grupo de audiencias no efectuadas hay un reporte de 745. Igual  resultado   se reportó en 2010.

De 1.571 convocatorias, 1.419  fracasaron  (90%).

La jueza Primera de Tránsito, Carmen Vásquez de Monroy, reconoció que la mayoría de las audiencias convocadas no se realiza. “El problema incide en que no comparecen los procesados y los abogados defensores”, aclaró.

Agregó que en el lugar de estos últimos se designan a defensores públicos que, en varias ocasiones,  resultan ser insuficientes porque tampoco comparecen. “O por lo menos no están en el momento en que se los necesita”, acotó.

Ante esta situación, César Hermida, juez Tercero de Tránsito del Guayas, consideró oportuna la detención de las personas que no cumplan con la asistencia  a juicio tras la convocatoria.

Dijo que con las nuevas reformas a la Ley de Tránsito se aceleran los procesos. “Si no viene el imputado, por ejemplo, a la audiencia lo podemos hacer comparecer con la fuerza pública”.

La Fiscalía, por su parte,   inicia  indagaciones previas aproximadamente en el 73% de los casos.       
Según un informe de  la Fiscalía General del Estado, el año pasado  se lograron 2.825 dictámenes, de los cuales 1.290 fueron acusatorios, 1.180 abstentivos y 355 mixtos.