El 17 de enero de 2016, en el sector Siete Cruces del caserío Huapante, cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, personas que transitaban por el sitio hallaron un saco de yute y fundas negras abandonados en una quebrada. Al abrirlos notaron que contenían restos humanos.

Los agentes policiales comprobaron que se trataba del cuerpo de una mujer y comenzaron las investigaciones.

Ese día los agentes identificaron a la víctima como Érika A., de 32 años. Las primeras pistas condujeron hasta Edwin S., expareja de la fallecida.

Según las indagaciones, la noche del 13 de enero Edwin acudió a visitar a Érika en su casa, en Latacunga (Cotopaxi). Ambos salieron a un local de diversión nocturna.

Después de esa noche sus familiares desconocieron el paradero de la mujer y acudieron a la Policía a denunciar su desaparición, pues sus  3 niños quedaron abandonados.

Detención de presunto autor

Los resultados de la autopsia al cuerpo mutilado determinaron que  la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Los uniformados presumen que Edwin sería el autor del crimen y por ese motivo lo detuvieron el 18 de enero. Fue trasladado hasta la unidad de flagrancias de Latacunga.

En la audiencia de formulación de cargos el fiscal Patricio Molina presentó varios elementos de convicción, como el acta de levantamiento del cadáver, versiones de familiares, policías y de la dueña de un local donde fue vista la víctima por última vez.

También presentó el protocolo de autopsia y boletas de auxilio de 2014. El juez Iván Fabara acogió el pedido del fiscal y dictó la prisión preventiva contra el imputado y ordenó el inicio de la instrucción fiscal por 60 días.

Es el segundo caso de femicidio que ocurre en este año. Según datos de la Dinased, en 2015 se registraron  65 casos de femicidio, de los cuales fueron resueltos 50.

En 2014 hubo 97 casos y en 2013 se registraron 110, lo que implica una reducción sostenida de este delito, que fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, precisó que en la actualidad se aplican nuevos protocolos en la indagación de los crímenes de género. “El femicidio está directamente relacionado con la violencia basada en la condición de la mujer, por tanto debe investigarse especializadamente y tratarse como un problema de derechos humanos y justicia”.

El coronel Víctor Aráuz, director de la Dinased, indicó que los casos de muertes violentas son abordados individualmente y asignan investigadores. “Ninguno se cierra hasta que determinemos las causas y los causantes sean detenidos”, comentó.

En 2015 la Dinased registró 1.044 casos de muertes violentas en el país, de los cuales se resolvieron 488, es decir, el 46,74%.

El COIP contempla agravantes para los casos de femicidio que están anotados en el artículo 142, que están relacionados con la pretensión de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima o el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, el causante recibirá el máximo de la pena que contempla la normativa que es de 26 años de prisión. (I)