Involucrar a los infractores de tránsito en labores sociales es la nueva estrategia de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la justicia del país para reducir los accidentes vehiculares en las vías.

“Los jueces han cambiado el tema de las sanciones amparados en la ley. Ahora, si alguien cometió un delito de tránsito, en lugar de permanecer en un calabozo todo el tiempo, es enviado a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para que realice una labor social y se lo instruya”, expresó el teniente coronel Ángel Jaramillo, jefe de la Unidad de Seguridad Vial de la CTE.

Según el oficial, durante tres horas diarias (de lunes a viernes), los infractores de tránsito reciben charlas de educación vial y realizan trabajos manuales sobre normas y leyes de tránsito.

“Los infractores elaboran collares, muñequitos, tarjetas y todo tipo de manualidades relacionados a la prevención de accidentes de tránsito, los cuales luego son usados en las ferias de educación vial y en las charlas que dictamos en unidades educativas y empresas privadas o públicas”, acotó Jaramillo.

La ley

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite al juez obligar a la persona sentenciada o sancionada a cumplir el tratamiento de rehabilitación social, como cursos o programas comunitarios.

El artículo 62 que habla sobre el “tratamiento, capacitación, programa o curso”, obliga a la persona sentenciada a sujetarse al tratamiento, capacitación, programa o curso que la o el juzgador ordene. El tiempo de duración se determinará sobre la base de exámenes periciales.

Cumplida la labor comunitaria la CTE realiza un informe que es enviado al juez correspondiente para ser valorado por el juez en el cumplimiento de una sentencia.

El jefe de la Unidad de Educación Vial recordó también que los 150 hombres que están a su mando trabajan en escuelas, colegios, cooperativas de transporte, instituciones públicas y privadas.

Jaramillo resaltó que la mayoría de capacitaciones en manejo y respeto a normas de tránsito en las empresas es dirigida a las personas que conducen motos, porque son los vehículos involucrados en la mayoría de accidentes.

Las estadísticas de la CTE revelan que el año pasado la Unidad de Educación Vial capacitó a 300.000 personas en Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro. En 2018, de enero a junio, instruyó a alrededor de 150.000 ciudadanos.

Para reducir la alta siniestralidad, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pablo Calle, recomendó que los municipios se involucren más en la capacitación a conductores y peatones, considerando que el 35% de incidentes ocurre en las ciudades.

Calle destacó el compromiso con los transportistas, porque de septiembre de 2017 a la fecha existe una reducción de infracciones por exceso de velocidad del 40%. De igual manera, varias cooperativas de transporte público entregarán incentivos a las unidades que no hayan cometido infracciones, la ANT premiará, también, a estas empresas.

Venezuela, Brasil, Bolivia y Paraguay anteceden a Ecuador en el número de accidentes de tránsito. Para Calle, esto es un reflejo de la falta de cultura vial, por lo cual la ANT trabaja en su inclusión en las mallas curriculares de escuelas y colegios.

También, se capacitará a conductores profesionales y no profesionales. Asimismo, se realizará una reforma en el pénsum para conductores profesionales. De igual manera se efectuarán campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del cinturón de seguridad, dispositivos de seguridad, no consumir alcohol, no utilizar el celular cuando se conduce, entre otros.

Además, se fortalece el control en las terminales terrestres, en las vías se incrementa el patrullaje y la vigilancia. Calle señaló que es necesario contar con más recursos adicionales para que la Policía adquiera alcoholímetros y fotorradares.

Para Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, la reducción de los accidentes no solo depende de las capacitaciones sino también de una reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Abad criticó los compromisos políticos gremiales, los cuales no estaban enmarcados fuera de la ley, puso como ejemplos donde se demuestra la influencia de los gremios sobre el poder político: la demora de reversión de rutas y frecuencias que debió efectuarse en 2010, que hasta la fecha no se cumple; la eliminación de dos veces por año de la revisión técnica vehicular, reducir de 6 meses a un año y luego solo a fines de semana capacitación de conductores profesionales, etc.

El experto en seguridad indicó que es el momento propicio para que todos los estamentos del Estado estén enfocados en trabajar por la seguridad vial.

“Esta situación debe ser aprovechada, en el buen sentido de la palabra, y darle el espacio que los peatones se merecen, pues dentro de los usuarios de las vías, el peatón es el más vulnerable, pues no le hemos dado el sitio que se merece”. (I)