Una niña era violada por su padrastro, mientras su madre filmaba la agresión. Un pastor evangélico abusó de una adolescente y de sus hijas; un docente agredió sexualmente a la alumna de su esposa... Son casos de violencia sexual contra los menores de edad que se registran en Ecuador.

Estos hechos ya fueron judicializados por la Fiscalía General.  Sin embargo, parece que las normas, las sanciones y las medidas de prevención no resultan suficientes.

Nicolás Reyes, consultor del Sistema de Naciones Unidas y docente universitario, explica cuál es el panorama en torno a los derechos de los niños frente a los casos de agresiones sexuales.

¿Cuál es el punto de partida para que Ecuador fallara en la defensa de los niños y adolescentes?
Hay un precedente para tomar en cuenta: el caso de Paola Guzmán Albarracín. Hace pocas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en donde habla que el Estado ecuatoriano es responsable de toda la vulneración de derechos que sufrió Paola.

Su madre, Petita Albarracín, buscó justicia durante 18 años ya que su hija se suicidó porque el vicerrector del colegio la violó.

La madre no encontró justicia en el país. La Corte conoció el caso y dictaminó que Ecuador tiene que implementar acciones para la prevención de este tipo de casos.

¿Por qué la Corte llegó a la conclusión?
Las Naciones Unidas señalan que una violación es equiparable a la tortura e incluso es un crimen de lesa humanidad. La Convención por los Derechos del Niño, en cambio, establece que los Estados deben garantizarles una protección integral. En su lugar, las víctimas y las familias de las víctimas solo encuentran impunidad.

¿Qué cifras se conocen sobre este problema?
La última encuesta sobre violencia de Género, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual; 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas de alguna manera en su vida. Puede ser violencia psicológica, física, sexual.

En el caso de los niños, cuatro de cada 10 han sufrido violencia extrema. Se registran 325 casos de violencia sexual por semana.

¿Qué consecuencias se han observado por este problema?
El suicidio es de las primeras causas de muerte de personas de 15 y 29 años. Y cuando uno revisa estos indicadores podemos ver otro indicador que sacó el INEC en 2017: 1.470 niñas de entre 10 y 14 años estuvieron embarazadas. Estos embarazos cuando son menores de 14 años, indudablemente están vinculados a un tema de violencia sexual.

¿A qué conclusión llegó con este panorama?
Me lleva a tres conclusiones: la violencia sexual para niños y adolescentes es más grave de lo que se ha pensado; ha existido una inacción por parte del estado. Y ha existido impunidad por parte de las instituciones judiciales.

¿No es suficiente con que los delitos sean tipificados en el Código Orgánico Integral Penal?
No, porque aún hay muchos criminales sexuales que están sueltos en las calles. Casos emblemáticos como el de Paola Guzmán, evidencian estas atrocidades, otro hecho fue el de la Unidad Educativa Aampetra que evidenció un problema en el sistema educativo.

Lo peor es que hay organizaciones hablan de que las denuncias solo llegan a un 15%.

¿Con esas cifras, cuál es la imagen que muestra Ecuador?
En 2017, el Comité de los Derechos del Niño elaboró un informe. Advirtió que en Ecuador no hay mecanismos para atender el problema.

Human Rights también está por procesar un informe. Aunque no hay fecha de su publicación, ha mostrado su preocupación e incluso solicitó que el caso de Paola se lo cite para marcar un antes y un después.

La ONU también habló de la necesidad de despenalizar el aborto por casos de violación. En 2017, hubo 2.470 niñas de entre 10 y 14 años embarazadas producto de violación.

¿Qué políticas se necesitan para cumplir con las recomendaciones de las organizaciones internacionales?
Una política de educación sexual integral dentro del sistema escolar, desde los más pequeños hasta las universidades.

También, una reforma en la justicia especializada: jueces, peritos, fiscales, para no revictimizar.

¿Qué rol cumplen los medios de comunicación?
Los medios también tienen que especializarse en el tema. En el caso de Paola hablaron de un idilio de amor, de una relación entre un adolescente y un adulto. Eso es violación.

¿Qué lectura le merece el Código de la Salud en el caso de los niños?
El Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos de Niños y Adolescentes sacó un análisis de lo que ha pasado durante la pandemia.

Reveló que entre febrero y abril de este año hubo 840 denuncias por abuso sexual; 705 casos de violación y 155 denuncias por acoso sexual.

El Código establece lo que se contempla en los instrumentos de derechos humanos. Si es que hay una mujer cuya vida está en riesgo, hay que atenderla. Lamentablemente el país no avanzó hacia la despenalización del aborto por violación.

¿Cuál es la situación de las niñas?

En el caso de las niñas que quedaron embarazadas por una violación, tienen el riesgo de morir porque su cuerpo no está en condiciones de dar a luz. El código de salud no establece estas cosas.

Otro problema es que los grupos pro vida están desinformando desde una ideología religiosa. No podemos tener biblias en lugar de leyes ni versículos en lugar de artículos.

El Ejecutivo no debería vetar el Código de Salud. Es una responsabilidad del Ejecutivo también dar respaldo para que los temas de avanzada del Código de Salud se puedan aprobar. (I)