Un operativo conjunto entre los ejércitos de Colombia y Ecuador, además de la Fiscalía General de la Nación del vecino país, permitió desarticular un grupo delincuencial que se dedicaba al secuestro de ciudadanos ecuatorianos. Los rehenes eran trasladados a territorio colombiano, desde donde los antisociales extorsionaban a los familiares de las víctimas.

En total fueron aprehendidas 11 personas, pertenecientes a la banda Los Zorros. El operativo se desarrolló en el corregimiento La Victoria, municipio de Ipiales, en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador.

Tras varios meses de investigaciones, planeamiento e inteligencia, las autoridades allanaron las viviendas donde se encontraban ocho hombres y tres mujeres, todos sindicados del delito de concierto para delinquir con fines extorsivos.

La modalidad empleada por los delincuentes era secuestrar habitantes de poblaciones ecuatorianas aprovechando los pasos fronterizos para llevarlos a Colombia. Luego se comunicaban con los parientes del rehén y cobraban grandes sumas de dinero a sus familias por su rescate.

Su principal blanco eran comerciantes y ganaderos, por quienes exigían más de 200 mil dólares a cambio de liberarlos con vida.

La banda escogía a sus víctimas en la parroquia de El Carmelo, fronteriza con Colombia, además de San Gabriel y El Ángel, poblaciones de Carchi.

Una vez conocida esta información, se activaron operaciones con la Brigada 31 Andes, de Ecuador, para cerrar oportunamente los pasos fronterizos y activar el monitoreo aéreo y otros controles para evitar que la banda se tomara pasos ilegales o saliera de Colombia.

El coronel Franklin Pico Medina, de la Brigada 31 Andes, señaló que algunos ecuatorianos habrían pagado el rescate. "Estamos atrás de esta organización  para desintegrarla totalmente", puntualizó.

Según el Ejército colombiano, esta estructura estaría al servicio del grupo armado organizado residual 48. Serían autores de varios delitos transnacionales y servirían como informantes a la red de apoyo al terrorismo para ejecutar también acciones criminales en contra de la Fuerza Pública. (I)