En el concierto del salsero Marc Anthony, realizado el jueves pasado en Quito, la presencia de elementos de la Policía Nacional se vio reemplazada extrañamente  por alrededor de 600 civiles que  ofrecían los servicios de guardianía  privada.

Ese numérico tuvo que ser,  según  Verónica Suárez, del departamento de relaciones pública de la empresa a cargo del  evento, contratado de forma repentina por los organizadores del espectáculo para  que resguarden  los  interiores del Estadio Atahualpa debido a una disposición gubernamental.

Se trata del acuerdo ministerial en el que  se establece que  los estadios, coliseos y demás lugares en que la empresa privada organice eventos públicos ya no contarán con gendarmes.

Las primeras reacciones ante la vigencia de este acuerdo ministerial se dan por varios frentes.

Cuestionados costos

En lo que respecta a los organizadores de espectáculos públicos como conciertos, el representante de la empresa Top Shows,  Cristhian del Alcázar Ponce, explicó que la medida no afectará a los empresarios debido a que  los montos que  se cobraban por la presencia policial eran excesivos, pues por 300 efectivos para un show en el Coliseo Rumiñahui se cancelaba un valor  aproximado de 6.000 dólares.

En el ámbito futbolístico, Santiago Jácome, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, dijo que el fútbol es un evento público y que quitar la seguridad a estos espacios deportivos podría provocar caos.

El estadio Casa Blanca, que tiene una capacidad para 50.000 personas, en un partido con Barcelona necesita  de entre 800 a 1.000 efectivos para garantizar el orden.

Jácome aclaró que habría gran dificultad en sustituir esta cantidad de elementos con seguridad privada por parte de los organizadores.

Si bien es cierto que en Quito no existen las denominadas “barras bravas”, consideró que sin el debido control se corre el riesgo de “lamentar actos violentos que pueden desencadenar en tragedias”.

Ante esta situación,  los dirigentes de los   clubes deportivos se reunirán en los próximos días para delinear  las medidas a tomar.

Diego Rodríguez, intendente General de Pichincha, aclaró   que las empresas organizadoras siempre han tenido que contratar seguridad privada, pero esta era en números inferiores porque se complementaba con el personal    policial.

El problema se extiende  también a los jugadores y árbitros, ya que se han dado casos en los que los hinchas han entrado a la cancha con el fin de agredir. También  hay  dudas sobre  cómo resguardar la integridad de los jugadores y asistentes cuando los partidos se realizan en ciudades como Guayaquil, en donde la afluencia   es grande y el contingente de seguridad  necesario es alto.

Galo Barreto, gerente de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA), indicó que  la seguridad privada no tiene la misma preparación ni autoridad jurídica para reprimir y detener a quienes participen en actos violentos.
La presencia policial en los estadios dependía del partido programado, tomando en cuenta la expectativa que se genere y  la “belicosidad” estadística que se registre en eventos pasados.

Reacción policial

Para el coronel Joel Loaiza, actual jefe de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, la medida no afectará a los asistente de estos espectáculos debido a que la Policía estará dispuesta a prestar sus elementos en reportes de emergencia. 

Aclaró que en      los casos en que se registren problemas, los elementos de la  institución ingresarán para retomar el orden.

“El Ministro ha sido bien claro en decir que no vamos a mandar policías a estar haciendo nada... de qué sirve tener agentes en esos lugares si los necesitamos para patrullar”, enfatizó el uniformado.

El oficial  sustentó su criterio al recordar que   Homero Arellano, ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa, aseguró  que la medida   adoptada busca  evitar que durante los conciertos la mayoría de efectivos policiales dejen desprotegida a la ciudadanía en las calles.