"La lucha contra la corrupción es un clamor de toda la ciudadanía", recalcó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al referirse al trabajo de la Fuerza de Tarea que lidera la Fiscalía y que en los últimos días ha realizado varios operativos de casos ocurridos durante la emergencia sanitaria por el covid-19.

Durante una entrevista en un canal local, la mañana de este viernes 5 de junio, Salazar se refirió a los últimos casos y cuestionó el accionar judicial.  Ayer, la Fiscalía ya expresó su preocupación en un comunicado y señaló que si bien la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, desde esa excepcionalidad hay parámetros que los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos.

En el caso del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, "no se ha hecho una valoración objetiva sobre la prisión preventiva por parte de juez a cargo, sobre todo porque está justificado el peligro de fuga", apuntó Salazar en la entrevista. Añadió que los familiares del prefecto que también tiene orden de detención, "ya fugaron".

En el caso del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, la Fiscal General explicó que hay dos temas distintos: uno es el tema del arma encontrada y otra la investigación por la compra de insumos médicos y "que fue la razón del allanamiento, que permitió obtener las evidencias para su vinculación".

Entonces, al expresidente se lo procesó en delito flagrante por tráfico de armas, "que es un tema separado a la investigación por delincuencia organizada que fue por la que hicimos el allanamiento", insistió. Bucaram tiene arresto domiciliario.

Salazar indicó que espera que los jueces, "en este y en todos los casos, actúen con imparcialidad. La justicia tiene que ser ciega, sin mirar a quién, y tiene que ser valiente. Tenemos la impresión de que este engranaje no está trabajando como corresponde".

En el caso de la Empresa Metropolitana de Agua Potable (Epmaps) se investigó la compra irregular de insumos médicos, que involucraría también a la empresa privada.

Salazar explicó que el trabajo de la Fuerza de Tarea "permitirá dar respuestas con celeridad", pero requiere de un gran trabajo de planificación interna e interinstitucional. De allí que agradeció el apoyo de la Policía Nacional en esa labor.

En la entrevista, la Fiscal General reveló que ha recibido "recomendaciones" para dejar de investigar a asambleístas, ante la amenaza de un juicio político. "Si me tengo que ir, me iré con la frente en alto, haciendo el trabajo que se debe hacer", concluyó.

Esta mañana, la Fuerza de Tarea asestó otro golpe. El asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, y René Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), fueron detenidos en el marco de las investigaciones por el presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. (I)