Cerca de 15 perjudicados por fraudes informáticos acudieron la mañana de ayer hasta las inmediaciones de la matriz del Banco Pichincha, ubicada en el norte de Quito, para reclamar la devolución de sus dineros.

Una de ellos fue Silvana Pérez, quien señaló que  8.600 dólares desaparecieron de  su cuenta de esta entidad bancaria. Con carteles y voz de protesta, la quiteña reclamó que desde el pasado 16 de diciembre la entidad financiera no emite ninguna respuesta sobre el presunto fraude informático que sufrió a causa del cobro de dos cheques sin sus documentos de identificación. “Vaciaron mi cuenta de la noche a la mañana. Señalaron que están analizando mi caso, pero emprenderemos acciones penales”, acotó.

Otro de los perjudicados que acudió a la cita fue  Francisco Jérez, comerciante de repuestos automotrices. Señaló que desde junio del año anterior la institución no le responde por la ausencia de 10 mil dólares de su cuenta bancaria.

En este caso el fraude se produjo por Internet. “Entre miércoles y jueves se llevaron todo el dinero. Nunca recibí ninguna notificación”, dijo el perjudicado.

Estos reclamos se dan tras la firma del convenio  entre la Fiscalía General y la Superintendencia de Bancos, que  resolvieron la restitución de diferentes montos a cerca de  2 mil perjudicados por delitos informáticos de la banca privada.

El director de la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía, Santiago Acurio, explicó que existen 868 perjudicados del Banco Pichincha a escala nacional y que la  entidad no ha dado respuesta por un monto de casi 2 millones de dólares en perjuicios.

Dijo que recomendará al fiscal general del Estado, Washington Pesántez, que inicie las acciones legales por desacato. “Nos están haciendo perder el tiempo y queremos   respuesta por el no pago”. 

Hasta el momento confirmó el 100% de los pagos por parte de Produbanco, que canceló 614 mil dólares a 252 perjudicados, y Banco de Guayaquil que liquidó 461 mil dólares a sus 175 clientes.

El pasado 21 de marzo el superintendente de Bancos, Pedro Solines, y el fiscal general, Washington Pesántez, informaron que los bancos involucrados en denuncias de víctimas de la fragilidad del sistema informático, deben restituir la totalidad o un porcentaje del  dinero  de acuerdo al monto del perjuicio.

Un día después la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) rechazó este anuncio a través de su representante, César Robalino, quien dijo que emprenden acciones legales para no acatar la disposición.

Sin embargo, señaló que el tema para la ABPE se “agotó” en el sentido de que ahora es un asunto entre la autoridad y   los   bancos Pichincha, Produbanco y de Guayaquil, involucrados en estos casos. “No estamos interviniendo en absolutamente nada”, aseguró.