Los siete militares y seis civiles detenidos por el presunto tráfico de armas y municiones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) al grupo disidente Óliver Sinisterra, liderado por alias “Guacho”, fueron trasladados el 27 de noviembre desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, donde se hallan recluidos, hasta la Fiscalía General en Quito.

El objetivo fue que rindan versión respecto a lo que conocen del caso y su presunta participación en el delito.

Bajo un estricto operativo de seguridad policial, que incluyó agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo Especial de Seguridad Penitenciaria (GEA), los 13 detenidos ingresaron en cuatro grupos a la Fiscalía.  

El primero, de tres personas, lo hizo a las 08:24, entre ellas alias “Sobeida”, quien es señalada por la Fiscalía como la supuesta líder de la red que traficaba armas para el grupo narcodelictivo que está involucrado en los secuestros y asesinatos del equipo periodístico de diario El Comercio y de Óscar Villacís y Katty Velasco. Las versiones tuvieron el carácter de reservadas y por la cantidad de convocados se extendió hasta el final de la tarde.

Oficiales deben ser vinculados

Edwin Romero, abogado defensor del sargento Martín A. y de Oswaldo B., este último trabajador del Comando Conjunto de las FF.AA., dijo que es preocupante que hasta el momento solo esté siendo procesado personal de tropa de FF.AA. que obedecía órdenes y que no exista ni un solo oficial pese a que son altos mandos los jefes de los rastrillos.

“La responsabilidad recae sobre los oficiales por cuanto ellos son los que suscriben las actas de entrega y recepción del material bélico de las Fuerzas Armadas y no existe uno solo de ellos que esté privado de su libertad en este caso”, manifestó.

Consideró que a futuro la Fiscalía deberá vincular a los oficiales que tenían el dominio y el control del material bélico militar. Reveló además que sus defendidos han dado nombres, apellidos y función de los superiores a quienes estaban subordinados.

Jorge Nevares, abogado del cabo primero Leonardo V., calificó de injusta la vinculación de su cliente, ya que la función que tenía era de mensajero y por tanto recibía y hacía múltiples llamadas telefónicas.

Una de ellas y que presuntamente fue la causa de que se le incluyera en el proceso fue la que realizó a uno de sus compañeros, también vinculado, en donde le pide que le pague $1.000 que le había prestado tras la venta de un auto.

Según la Fiscalía, ese cobro era por el negocio de las armas, “pero con la versión que rindió hoy (ayer martes 27 de noviembre) mi defendido todo quedó claro y creo que deberá ser desvinculado del caso porque no hay ningún elemento de convicción que lo lleve a ser culpable”, aseveró.

El abogado Harry Guevara, defensor del cabo primero Walter A., quien trabajaba en el Batallón de Infantería Motorizada de Esmeraldas, señaló que en la versión su cliente ha explicado que como amanuense solamente cumplía órdenes.

Además, al ser una persona con discapacidad en sus piernas, en silla de ruedas, no pudo estar vinculado a la venta de armas, peor aún “si él no ha estado en rastrillos, en bodegas de municiones o armas y eso lo vamos a comprobar”.

Más bien aprovechó la ocasión para pedir a las autoridades que se le levante la orden de prisión, ya que por su condición de discapacidad tiene serios problemas en la cárcel de Latacunga.

Asimismo, Javier Espinoza, defensor del oficial César B., quien estaba a cargo de las municiones en un cuartel de Loja, explicó que su cliente se ha declarado en silencio temporal hasta mantener una nueva conversación con su abogado. Luego de ello expondrá su verdad.

Los hechos

En siete allanamientos a recintos militares realizados el pasado 17 de octubre en cuatro provincias en el denominado operativo “Camaleón”, efectivos de la Policía y personal de la Fiscalía detuvieron a siete militares en servicio activo y seis civiles, uno de ellos funcionario público.

Según la tesis de la Fiscalía, desde San Lorenzo, en la frontera norte, alias “Sobeida” dirigía la organización delictiva dedicada a vender municiones y armas del Ejército a alias “Guacho”.

De acuerdo a las investigaciones, a sus 28 años dicha mujer se había convertido en el nexo entre el jefe de los milicianos y su brazo operativo, integrado por civiles y militares, cuya tarea era sustraer armamentos de los rastrillos del Ejército y entregarlos a los subversivos.

La identidad de la sospechosa y su rol en la supuesta red fueron confirmados por el fiscal Álvaro Gaybor, de la Unidad Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada. Él dirigió la operación “Camaleón”.

Para Gaybor, la mujer mantuvo conversaciones telefónicas que fueron interceptadas a través de órdenes judiciales. En sus diálogos con otros sospechosos, la supuesta cabecilla hacía referencia a alias “Guacho” y daba a entender que tenía una “relación directa” con él.

Hasta el momento no hay una cifra de cuánto armamento sacó la organización de los rastrillos.

En la supuesta organización ilegal, otro rol importante tenía un ingeniero en sistemas quien administraba las aplicaciones logísticas del Ejército. Su cargo era de analista de tecnologías. En sus manos estaba el manejo del Sistema de Inventarios Logístico del Ejército, el Sistema de Control de Combustible, el de Dotación y el Registro de Tiro. (I)