Las revelaciones realizadas el 3 de abril de 2016 en forma simultánea en 76 países sobre las cuentas en paraísos fiscales, que personalidades y funcionarios de muchos gobiernos mantenían a través del estudio jurídico Mossack Fonseca, siguen latentes.

Este hecho, denominado Panamá Papers, fue la pauta para que en Ecuador se iniciara una investigación a quienes fueron mencionados.

A los pocos días de la divulgación, la Fiscalía General del Estado estableció la lista de ecuatorianos e indagó los movimientos financieros irregulares, particularmente relacionados con la estatal petrolera ecuatoriana.

Así nació el denominado caso de corrupción en Petroecuador, en el que inicialmente se investigaron dos tipos de delitos: cohecho y enriquecimiento ilícito.

Para 2017, Fiscalía abrió 24 procesos investigativos, con 109 personas sospechosas y 40 procesados. Nueve de ellos fueron detenidos y fueron recibidas 18 asistencias internacionales.

A ocho subió el número de delitos detectados: cohecho, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, perjurio, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e incumplimiento de decisión legítima.

Los implicados son altas exautoridades de la estatal petrolera, empresarios y sus familiares que tuvieron relación con las offshores constituidas por ecuatorianos en Panamá.

El exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, fue el primero en aparecer y el 16 de mayo de 2017 fue detenido en Quito.

Según las investigaciones, el exfuncionario benefició a las empresas Multiservicios Valdi (Multival), Nolimit y MMR Group con la suscripción de contratos, que sobrepasaron los $ 44,7 millones y estaban relacionados con la Refinería de Esmeraldas.

Esta fue la punta del ovillo para pocos meses después descubrir que el gran negociado se cometió en la repotenciación o rehabilitación de la infraestructura estatal de refinación.

En el portal de Petroecuador existen cifras de contrataciones entre los años 2009 y 2016.

Son 8.911 los contratos repartidos en todas las filiales o divisiones de la empresa (ver infografía).

El contrato
En el año 2007, el entonces ministro Galo Chiriboga anunció un preacuerdo con Sumitomo Chiyoda, la empresa que había construido la refinería en 1974.

Este preacuerdo incluía 25 proyectos, que debían ejecutarse en 29 meses y concluir en 2011. A esto se le llamó repotenciación o rehabilitación.

Pero enseguida, el gobierno de Rafael Correa se deshizo del preacuerdo con Sumitomo Chiyoda y lo reemplazó por la empresa SK de Corea, recomendada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

En noviembre de 2007, el presidente Correa, mediante Decreto Ejecutivo N° 766, declaró el estado de emergencia para la empresa pública Petroecuador, que involucró  todas sus actividades.

Pero fue en 2010 cuando se firmó el contrato para la rehabilitación de la refinería entre la empresa coreana SK Energineering & Construction y la estatal Petroindustrial.

Se establecía un costo estimado de $ 754 millones, pero el precio crecía cada vez más a la par que se flexibilizaban las modalidades de contratación y conforme se renovaban los estados de emergencia del sector petrolero. A más de las declaraciones de emergencia que se repitieron en 2009 y 2014 se utilizó el denominado giro específico de negocio, con lo que los contratos eran suscritos directamente.

Es así que en 2015, la Refinería de Esmeraldas se inauguraba a un costo total de $ 2.323,8 millones, tres veces más de lo presupuestado en principio.

El caso de la Refinería fue analizado, junto con otros cuatro proyectos emblemáticos del régimen anterior por empresas del Reino Unido, España y Alemania.

El gobierno de Lenín Moreno firmó un convenio en diciembre de 2017 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que escogiera a las empresas que se encargarían de realizar las auditorías especializadas.

Y fue el propio presidente Moreno quien en enero de este año reveló algunas de las “vergonzosas y escandalosas” conclusiones.

Indicó que al menos en el caso de la Refinería de Esmeraldas, el sobreprecio llegaría a $ 1.467 millones, ya que el presupuesto inicial era de $ 754 millones.

Además, que el 99% de los contratos se adjudicaron a dedo y el 1% con licitación.

Este caso fue entregado por el Gobierno a la Fiscalía para la investigación correspondiente.

Según el Ministro de Energía, Carlos Pérez, ahora solo en la Refinería de Esmeraldas -repotenciada sin éxito- se necesitan obras por $ 1.048 millones.

El problema es que se hicieron reparaciones a medias y se descuidaron obras importantes.

Para el exgerente de Petroecuador, Carlos Tejada, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas “fue antitécnica” y no estuvo exenta de derroche de recursos.

Considera que le tomará 3 años y medio a Petroecuador para que la refinería esté bajo control. 

El dinero no se recupera
Han transcurrido exactamente tres años y el caso sigue latente. De los 24 casos abiertos, 12 están en los tribunales judicializados y el resto aún no pasa de la investigación fiscal.

Los implicados son altas exautoridades de la estatal petrolera, empresarios y sus familiares.

Entre las autoridades responsables de la obra constan el exvicepresidente de la República y encargado de los sectores estratégicos, Jorge Glas; el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli; y Álex Bravo, exgerente de Petroecuador. Los tres están presos.

Además, figuran exaltos funcionarios de Petroecuador; entre ellos Marco Calvopiña, Pedro Merizalde, Diego Tapia, también detenidos, entre otros.

Entre las personas con más sentencias en contra están Álex Bravo y Pareja Yannuzelli, con cuatro cada uno.

Bravo y Pareja, junto a otros ocho procesados recibieron una pena de cinco años de prisión, multa de $ 4.500 y $ 25 millones de reparación, por el delito de cohecho.

Por enriquecimiento ilícito, el Tribunal Penal integrado por los jueces, Paola Logroño, Edmundo Samaniego y Katherine Vásquez, sentenció con 3 años 4 meses de cárcel, multa de $ 7.500 e indemnización de $ 364.204,25 a Álex Bravo.

Por el delito de delincuencia organizada también hubo sentencia contra Bravo: 3 años 4 meses de cárcel, $ 4.500 de multa y $ 1’298.520,21 de reparación. De estos valores no se ha recuperado nada hasta la fecha.

El exministro Pareja, quien se encuentra detenido desde el 11 de agosto de 2017 cuando se entregó a la justicia, tiene 17 procesos judiciales abiertos en su contra.

Todos por la red de corrupción en la estatal petrolera.

Según la Fiscalía, de los 17 procesos, 13 son por presunto peculado y de estos 11 están en investigación previa.

Los otros son uno por delincuencia organizada, uno por cohecho, uno por tráfico de influencias y el último por enriquecimiento ilícito.

Esta es otra herencia para la nueva fiscal. (I)